LOGROÑO, 16 de noviembre.

El Ministerio Público ha solicitado un endurecimiento de las penas en el caso de tres implicados en un escándalo de blanqueo de capitales, proponiendo un total de ocho años y medio de prisión y multas que ascienden a 12 millones de euros. Estos delitos están relacionados con uno de los acusados, quien previamente había sido condenado por estafa continuada. El juicio se llevará a cabo este lunes a las 10:30 horas en la Audiencia Provincial de Logroño.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los implicados, identificado como J.B.A., ya contaba con antecedentes penales por un delito de estafa que ocurrió entre marzo y octubre de 2005, el cual le reportó ingresos significativos a raíz de sus actividades ilícitas. Este hecho marca el trasfondo del actual caso, donde se plantea que J.B.A. utilizó 3,17 millones de euros obtenidos de manera fraudulenta.

De acuerdo con la acusación, J.B.A. tenía la intención de ocultar el origen del dinero ilícito mediante maniobras destinadas a integrarlo en el sistema financiero de manera aparente legal. Para llevar a cabo esto, utilizó la empresa Nalcon Consulting SL, en la que participaba junto a los otros acusados, J.A.G. y F.J.A., realizando una serie de transferencias y disposiciones de dinero.

La Fiscalía señala que estas operaciones no tenían justificación válida, sino que eran simples tácticas de dispersión para diluir el rastro del dinero mal adquirido. En ocasiones, los destinatarios de estos fondos regresaban el dinero a los acusados, perpetuando el ciclo de blanqueo.

La acusación también hace hincapié en el perfil de M.J.P., otra figura clave en este entramado. J.B.A. se aprovechó de su situación vulnerable, ya que estaba afectada por problemas psiquiátricos y alcoholismo, y trató de hacerse con la herencia inmobiliaria de su madre, una mujer con una grave enfermedad neurodegenerativa que afectaba su capacidad de juicio.

J.B.A. ejecutó un plan para obtener dinero de los bienes inmuebles de la madre de M.J.P. bajo la falsa premisa de financiar negocios que nunca llegaron a existir. Esto le permitió acceder a propiedades valiosas y solicitar préstamos que jamás se devolvieron, culminando en su condena anterior de cuatro años y seis meses de prisión en 2005.

El nuevo juicio que se apreciará a partir de este lunes gira en torno a las actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la firma Nalcon Consulting SL, cuyo objeto social abarca una variedad de servicios de consultoría y donde los tres acusados tenían poder de decisión.

Tras la condena de J.B.A., se abrieron dos cuentas bancarias bajo el nombre de Nalcon en Logroño, destinadas a canalizar los fondos ilícitos. A través de estas cuentas, realizó múltiples transacciones que enmascaraban la verdadera naturaleza de los ingresos y su derivación a diferentes destinatarios, todo con el fin de dar apariencia de legalidad.

Las cuentas reflejan movimientos que incluyen varios ingresos y reintegros significativos, además de cheques que totalizan grandes sumas de dinero, todos vinculados en un esquema para ocultar el origen del capital. En particular, J.B.A. recibió cheques por un total de 2,85 millones de euros durante operaciones fraudulentas.

La Fiscalía sostiene que la cantidad de 2,99 millones de euros fue extraída de una de las cuentas en un breve período, lo que demuestra la intención deliberada de los acusados de evadir las responsabilidades legales y administrativas relacionadas con las ganancias obtenidas de manera ilícita.

Por estos motivos, el Ministerio Público considera que existen suficientes elementos para condenar a los tres acusados por el delito de blanqueo de capitales. La pena propuesta incluye tres años y seis meses de prisión y una multa de 5 millones de euros para J.B.A., mientras que J.A.G. y F.J.A. podrían enfrentar dos años y seis meses de cárcel y multas de 3,5 millones de euros cada uno.

Asimismo, la acusación solicita el comiso de todas las ganancias generadas y de la propia empresa Nalcon Consulting SL, consolidando el marco jurídico para frenar este tipo de delitos en nuestro país.