LOGROÑO, 4 de agosto.

En una reciente operación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), un individuo de 43 años, originario de Calahorra, ha sido señalado como presunto responsable de un delito relacionado con la protección de la fauna, específicamente por maltrato animal que resultó en la muerte de un perro.

La investigación comenzó tras la recepción de alarmantes denuncias por parte de ciudadanos preocupados por la situación de varios canes que se encontraban en condiciones lamentables dentro de una perrera ubicada en Calahorra.

Los especialistas de Seprona, en coordinación con veterinarios del Servicio de Ganadería del Gobierno de La Rioja, realizaron una visita al recinto, donde encontraron un ambiente insalubre, con un olor nauseabundo y condiciones que claramente no respetaban el bienestar de los animales.

Durante la inspección, los equipos hallaron un perro sin vida en un estado avanzado de descomposición, que había sido parcialmente devorado por otros ocho perros que, lamentablemente, se encontraban en condiciones de extrema delgadez, deshidratación y sin acceso a comida o agua. El lugar estaba cubierto de suciedad y excrementos.

Ante las evidentes pruebas de negligencia y maltrato extremo hacia los animales, las autoridades decidieron iniciar un proceso de investigación contra el dueño de la perrera por el delito de maltrato animal que llevó a la muerte de uno de los perros.

Asimismo, se constató que la mayoría de los perros no contaban con la documentación adecuada, careciendo de identificación y no habiendo sido registrados en la Red de Identificación de Animales de Compañía (RIAC). También se descubrió que las instalaciones operaban sin el correspondiente permiso ambiental y el registro de núcleo zoológico necesario.

La Asociación Red Ayuda Animal ha asumido la responsabilidad de cuidar y alimentar a los perros recuperados, hasta que se encuentre una solución adecuada para su permanencia y bienestar.

De acuerdo con el Código Penal, específicamente en su artículo 340 bis, este tipo de delito puede derivar en penas de prisión de entre doce y veinticuatro meses, así como inhabilitación de dos a cuatro años para cualquier actividad relacionada con animales.

La Guardia Civil ha comenzado procesos sancionadores por múltiples infracciones administrativas graves, que incluyen la falta de licencia ambiental, la ausencia del registro de núcleo zoológico y la falta de identificación obligatoria de los animales, en cumplimiento de diversas normativas de protección animal.

Por último, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que puede contactar con ellos a través del número 062, disponible todo el año, para informar sobre cualquier situación relacionada con el maltrato a animales o agresiones al medio ambiente, reiterando su compromiso con la defensa del bienestar animal y la erradicación del maltrato y abandono de mascotas.