LOGROÑO, 11 de marzo.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha emitido un comunicado subrayando que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha confirmado la condena contra la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz. Esta sentencia resulta de la violación de la Ley de Haciendas Locales, ya que el TSJR desestimó el recurso de apelación presentado por Arcéiz y su equipo, avalando la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño. La resolución judicial determinó que la modificación de crédito número 11 del año 2023 no se ajustaba a la normativa vigente.

La controvertida modificación en cuestión implicaba la transferencia de recursos destinados a la rehabilitación energética del Ayuntamiento hacia gastos operativos, un acto que se considera ilegal por ignorar las recomendaciones de la secretaría general del consistorio, que respaldaba la posición del Grupo Municipal Socialista. Específicamente, el artículo 179 de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 prohíben reducciones en créditos previamente incrementados.

El PSOE enfatiza que no se trata de un simple desliz o error de asesoría, sino de un desprecio consciente por la ley. Este patrón de conducta se evidencia en la serie de condenas judiciales y rectificaciones que han caracterizado la gestión de Arcéiz y su administración, las cuales han ignorado sistemáticamente las normativas aplicables. Esta modificación se ejecutó tras la difusión de una supuesta crisis financiera en el Ayuntamiento, donde se alegó que no había fondos ni siquiera para el suministro eléctrico.

Desde el PSOE han señalado que esta narrativa forma parte de una estrategia para despreciar 3,5 millones de euros en fondos europeos que el partido anterior había conseguido para la rehabilitación energética de infraestructuras municipales, como las piscinas y la sede del Ayuntamiento. La posterior revisión del presupuesto dejó en evidencia la falacia del relato de Arcéiz y su concejal de Hacienda, Mario Nafría, ya que en las cuentas de gasto corriente quedaron más de 270.000 euros sin utilizar. Esto demuestra que la modificación no solo fue ilegal, sino también innecesaria, ya que los gastos podrían haberse cubierto con los fondos disponibles sin complicaciones.

A pesar de la claridad de la sentencia anterior, Arcéiz y su concejal han continuado actuando de manera imprudente, utilizando fondos públicos para apelar decisiones que resultan infructuosas. Así, el TSJR ha reafirmado la condena inicial, además de imponer 500 euros en costas que el Ayuntamiento de Calahorra deberá afrontar.

En total, Arcéiz ha acumulado más de 2.100 euros en costes procesales que recaerán sobre los ciudadanos de Calahorra, reflejando su falta de responsabilidad y su desprecio por la legalidad. Estos gastos deberían ser cubiertos directamente por la alcaldesa, pero en su lugar, afectarán el bolsillo de los contribuyentes locales. Esta sentencia confirma que la modificación presupuestaria se realizó de forma ilegítima, desoyendo tanto las recomendaciones del Grupo Municipal Socialista como las advertencias de los técnicos del Ayuntamiento.

La gestión del gobierno de Arcéiz ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y su continuo desdén hacia la ley y los derechos fundamentales. Se han producido al menos cuatro condenas judiciales, incluyendo dos por vulneraciones graves a la Constitución Española, que afectaron a la portavoz socialista, Elisa Garrido.

Adicionalmente, la alcaldesa ha enfrentado dos condenas más por violaciones de las regulaciones financieras, impulsando estrategias engañosas que, a la luz de los hechos, han demostrado ser completamente falsas. Destacan que estos incumplimientos han contado con el respaldo de Izquierda Unida y Vox, quienes han apoyado al gobierno de Arcéiz, rechazando las alertas del PSOE y de los expertos municipales. Esta situación es inédita, ya que nunca antes un gobierno local había lidiado con tantas condenas ni había vulnerado de manera tan repetida la normativa vigente.

Desde el PSOE se exige, una vez más, que Arcéiz y su junta gobiernen conforme a la ley y que la alcaldesa asuma el pago de los más de 2.100 euros en costes judiciales resultado de sus actuaciones. La Alcaldía ha sido criticada por su incapacidad y por desperdiciar fondos públicos en eventos festivos, ignorando los proyectos clave para el desarrollo y crecimiento sostenible de Calahorra diseñados por el anterior gobierno socialista.

Las sentencias emitidas no solo evalúan acciones técnicas, sino que involucran decisiones políticas tomadas por Arcéiz de manera consciente y deliberada en contra de la Ley. Esta situación se presenta como un desafío serio a la gobernanza local y a la integridad administrativa, cuyo efecto podría ser profundamente perjudicial para el futuro de Calahorra.