Desde el 5 de agosto hasta el 6 de octubre, los ciudadanos de Logroño tendrán la oportunidad de realizar el pago voluntario de la nueva tasa por la recogida y gestión de residuos, que ahora incorpora criterios adicionales para su cálculo.

LOGROÑO, 28 de julio.

El consistorio de Logroño ha decidido modificar la fórmula utilizada para calcular la tasa de basura, integrando nuevos elementos como la superficie de la vivienda y el número de personas empadronadas en cada hogar. Hasta ahora, el único criterio considerado era el índice fiscal relacionado con la ubicación de la propiedad.

Entre el 5 de agosto y el 6 de octubre, los ciudadanos podrán abonar la tasa correspondiente al primer semestre del año bajo estas nuevas directrices, tal y como han anunciado los responsables del área de Administración Pública, Francisco Iglesias, y Antonio Ruiz, director de Gestión Tributaria.

La modificación en la tasa busca reflejar el costo real del servicio de recogida y tratamiento de residuos y, según la normativa del Gobierno central, la repercusión total se elevará del actual 66% al 100% de lo que realmente implica dicha gestión, lo que podría significar un ajuste significativo en los recibos.

Además, en lugar de los aproximadamente 1.200 recibos que se emitían anteriormente, ahora se espera que se generen cerca de 27.500 recibos individuales, permitiendo que cada ciudadano reciba una facturación ajustada a su realidad.

Para aquellos que tengan el recibo domiciliado, se cargará el importe el 5 de septiembre. En caso de optar por la domiciliación, los contribuyentes podrán realizar el trámite entre el 5 y el 31 de agosto a través de la Oficina Virtual Tributaria, con firma electrónica, o acudiendo a la Oficina de Atención del Contribuyente, donde se recomienda pedir cita previa.

Los ciudadanos que no deseen domiciliar el pago podrán abonar la tasa directamente en entidades bancarias asociadas, utilizando la carta de pago correspondiente, o bien a través de la Oficina Virtual Tributaria sin necesidad de firma electrónica.

En una novedad importante, las comunidades de propietarios ya no recibirán un recibo general que luego dividían entre los propietarios. Según los responsables municipales, esto apunta a responsabilizar directamente a cada individuo en cuanto al pago de la tasa, considerando que anteriormente muchos no estaban familiarizados con esta obligación.

Francisco Iglesias ha subrayado que esta reestructuración es el resultado de normativas tanto europeas como nacionales que exigen que el coste del servicio sea íntegramente asumido por el ciudadano. Hasta ahora, el ayuntamiento solamente repercutía un 66,3% de dicho coste, y ahora se busca transitar hacia la plena ejecución de esta exigencia.

En cuanto al impacto económico, el concejal ha señalado que aquí los ajustes no serán tan drásticos como en otras localidades, calculando un incremento medio del 31%, aunque podría variar dependiendo de cada caso particular.

La Ley 7/2022, que establece normativas sobre residuos y los suelos contaminados para una economía circular, es la base de esta modificación, obligando a cada municipio a gestionar una tasa que cubra enteramente los costos implicados, aplicando el principio de que "quien contamina, paga".

Para garantizar que la carga económica sea equitativa y responda a la responsabilidad individual en cuestiones ambientales, se introducen dos criterios adicionales: los metros cuadrados de la vivienda y el número de personas empadronadas.

Así, se ha decidido que el 50% de la cuota se basará en el índice fiscal, un 25% en la superficie del hogar y el 25% restante en la cantidad de residentes empadronados, buscando una distribución más justa de la carga fiscal.

Por ejemplo, dentro de una misma calle, el análisis revela que una casa más grande y con más personas debería contribuir más que una unidad más pequeña y con un único ocupante. Hasta ahora, ambas situaciones se trataban de igual forma, lo que el concejal definió como un desfase en la equidad de la contribución.

En un caso concreto, se ha ejemplificado una situación en que dos viviendas en la misma calle, una de 120 m² con cuatro residencias y otra de 65 m² con un solo habitante, abonan actualmente 58 euros al año. Con los cambios, la primera deberá pagar 138 euros, mientras que la segunda ascenderá a solo 71,43 anuales.

Iglesias ha señalado que esta reforma es inevitable para los municipios, los cuales deben afrontar tanto las repercusiones financieras como políticas que conlleva la nueva regulación, y ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento por implementar estas medidas de la mejor manera posible.

En lo que respecta a los locales comerciales, se continuarán utilizando las mismas variables que hasta ahora: la superficie del local y el índice fiscal. Sin embargo, se han ajustado los intervalos para lograr una distribución más equitativa del costo de la tasa en la ciudad.

Por ejemplo, un comercio en una calle con índice fiscal 3, con una superficie útil de 200 m², verá su factura anual aumentar de 232 euros a 314 euros.

Para los negocios de hostelería, la carga fiscal seguirá siendo mayor que para el comercio, pasando de 410 euros a 506 euros semestrales bajo las nuevas condiciones.

La nueva normativa también introduce bonificaciones fiscales que beneficiarán a las familias numerosas y monoparentales, equiparando la carga económica que soportan estas unidades en función del número de empadronados.

De este modo, una familia con cinco miembros pagará lo mismo que otra no numerosa con cuatro, lo que subraya un enfoque más inclusivo en la estructura de tarifas.

El nuevo recibo, que se emitirá de forma independiente al del agua, desglosará claramente las diferentes partidas que determinan la cantidad total a abonar, facilitando la comprensión del gasto a los ciudadanos.

Para ofrecer más información sobre esta nueva estructura tarifaria y sus fundamentos, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa que incluirá un folleto y gráficos informativos en pantallas distribuidas por diversos puntos de la ciudad.