LOGROÑO, 12 de marzo.

El consejero de Hacienda y Gobernanza Pública, Alfonso Domínguez, ha comparecido ante el Parlamento de La Rioja para expresar la postura del Gobierno regional respecto a la propuesta del Ministerio de Hacienda, que implica la condonación parcial de la deuda autonómica. Domínguez ha enfatizado que cualquier negociación debe fundamentarse en el diálogo y la lealtad institucional, defendiendo así que La Rioja no debe ser tratada de manera desigual en comparación con otras comunidades.

Durante su intervención, el consejero ha calificado la propuesta del 24 de febrero como "injusta y discriminatoria", poniendo en riesgo los intereses de los ciudadanos riojanos. A su juicio, esta medida no solo agrede la equidad en la distribución de recursos, sino que tampoco aborda los problemas de infrafinanciación y la grave falta de liquidez que enfrenta la región, estimada en unos 17 millones de euros mensuales debido a la falta de actualización de las entregas a cuenta desde 2023.

Domínguez ha instado a los partidos políticos en el Parlamento a unirse para exigir un trato igualitario y justo para La Rioja, asegurando que la comunidad debe recibir un trato equitativo en cualquier propuesta del Ministerio, similar al de regiones más beneficiadas.

Estas declaraciones se realizaron en una comparecencia solicitada por el propio consejero, quien subrayó el rechazo total del Ejecutivo regional a la proposición del Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa contempla la posibilidad de que el Estado asuma 83.000 millones de euros de deuda contraída entre 2009 y 2013 por las comunidades autónomas, lo que implicaría transferir parte de esa carga a los ciudadanos españoles.

El consejero ha recordado la importancia de un enfoque constructivo, tal como indicó el presidente Gonzalo Capellán, y ha instado al Estado a respetar las instituciones y a abandonar la tendencia a la bilateralidad en los acuerdos. Domínguez subrayó que es esencial que el Ministerio retome una postura más justa en cuanto a la quita de deuda, que consideró inequitativa para La Rioja.

Criticando la metodología detrás de la propuesta de la ministra María Jesús Montero, el consejero ha señalado que se penaliza a La Rioja por haber reducido impuestos, un hecho que, a su juicio, atenta contra la autonomía fiscal y competencial de la región. Además, afirmó que esta propuesta resulta en una asignación de 448 millones de euros, lo cual es 299 millones menos de lo que le corresponde a La Rioja, lo que perjudica gravemente a los riojanos.

En comparación con otras comunidades, como Cataluña, donde el gasto por habitante asciende a 2.284 euros, los riojanos apenas reciben 1.369 euros por persona. En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), La Rioja se posiciona como la segunda región con menor apoyo tras Madrid, lo que agrava su situación económica.

Asimismo, el ratio de endeudamiento en relación al PIB se vería afectado, pasando de ser la cuarta comunidad autónoma menos endeudada a la sexta, un cambio que podría impactar negativamente en la percepción de La Rioja ante las agencias de credit rating y su acceso a los mercados financieros.

El consejero ha advertido que la propuesta del Ministerio podría crear jerarquías entre comunidades, lo cual es inaceptable. La condonación de deuda por sí sola no resuelve el problema de la financiación regional, un aviso que ha sido compartido por organismos como la AIReF y Fedea, así como por presidentes autonómicos de diversos partidos políticos, como es el caso de Asturias. A su juicio, La Rioja necesita una mejor financiación.

Por último, Domínguez ha indicado que los déficits en áreas críticas, como la Dependencia, la educación gratuita para niños de 0 a 3 años y las universidades, ya alcanzan los 46,5 millones de euros anuales. Además, ha lamentado que la falta de actualización de las entregas a cuenta experimente una severa falta de liquidez para la región, privándola de 17 millones de euros cada mes, lo que representa un derecho de los ciudadanos riojanos que no se está cumpliendo.

El consejero ha subrayado la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación autonómica, asegurando que, a diferencia de la anterior administración regional que desestimó la despoblación como un factor clave, debe incluirse en futuras reformas para garantizar que nadie reciba menos financiación de la que ya tiene.