El Gobierno de La Rioja ha anunciado un plan ambicioso destinado a simplificar la burocracia y acelerar los trámites administrativos, con el propósito de proporcionar un servicio más eficiente tanto a ciudadanos como a empresas. Este nuevo enfoque promete reducir los tiempos de espera a un máximo de tres meses y establecer el silencio administrativo positivo como norma general para aquellos casos donde no haya respuesta de la administración.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, presentó las medidas en una reunión con la Asociación Riojana de Empresa Familiar, destacando que estas iniciativas forman parte del Plan de Simplificación Administrativa, que se regulará mediante un proyecto de Ley que se espera sea aprobado en septiembre. Domínguez subrayó que este plan transformará a La Rioja en una de las comunidades más eficientes y dinámicas de España.

El consejero enfatizó que la simplificación administrativa no solo se trata de reducir el volumen de trámites, sino que busca generar una verdadera transformación en la cultura del sector público. Al respecto, remarcó que la excesiva burocracia y la regulación complicada obstaculizan el crecimiento económico, especialmente para las empresas familiares que son pilares fundamentales de la economía local.

El objetivo del Gobierno es crear un entorno más propicio para el empleo y el crecimiento económico en La Rioja. En este sentido, Domínguez defendió la necesidad de disminuir la carga fiscal y facilitar la inversión empresarial, asegurando que la reducción de impuestos ya ha comenzado. Al mismo tiempo, se comprometió a incorporar las sugerencias planteadas por la Asociación en un primer paquete de medidas administrativas que será presentado en el Parlamento en septiembre.

Este próximo paso legislativo será crucial para establecer a La Rioja como un referente en cuanto a agilidad administrativa, con el propósito de que la administración pública actúe de manera más efectiva y con mayor seguridad jurídica. Dentro de las medidas propuestas, se destaca la fijación de tres meses como el tiempo máximo para la respuesta administrativa a solicitudes y la implementación del silencio administrativo positivo, que permitirá a los ciudadanos y empresas actuar con confianza cuando no reciben respuesta.

Además, la iniciativa incluye la posibilidad de que los ciudadanos presenten declaraciones responsables, facilitando así la puesta en marcha de proyectos y obras sin los obstáculos burocráticos tradicionales. También se planea mejorar las plataformas tecnológicas para asegurar su interoperabilidad y facilitar su uso.

Carlota González, presidenta de la Asociación Riojana de Empresa Familiar, expresó su agradecimiento por el avance hacia la simplificación administrativa. Reconoció la importancia de mejorar la eficiencia en la coordinación entre el sector público y privado, y enfatizó el impacto positivo que la reducción de trámites tendrá en la transmisión de empresas familiares, lo que es esencial para preservar el tejido económico de la región.

El Plan de Simplificación Administrativa, que abarca el período 2025-2029, estará respaldado por un presupuesto de más de 3 millones de euros, destinado principalmente a medidas digitales. Con el fin de asegurar su correcta implementación, se ha creado una comisión que supervisará el progreso de la estrategia en función de las necesidades de la comunidad, la cual contará con la representación de diversas organizaciones empresariales de la región.