LOGROÑO, 3 de septiembre. La comunidad de La Rioja ha dado un paso significativo en la modernización de su sistema sanitario al promulgar una nueva Ley de Farmacia, que actualiza la normativa existente desde 1998. Esta nueva legislación, aprobada hoy en el Parlamento regional, introduce la figura del botiquín en zonas que carecen de farmacias, buscando mejorar la atención a la salud en localidades alejadas.

El apoyo a la nueva ley ha llegado de las filas del Partido Popular, el Partido Socialista y Vox, mientras que el Grupo de Podemos-Izquierda Unida ha optado por abstenerse, criticando la normativa por, en sus términos, reforzar un modelo privado que, según afirman, perjudica el ideal de atención pública y accesible.

En la fundamentación de la ley se señala la necesidad de adaptarse a la realidad del sector, donde muchos establecimientos operan sin un respaldo legal sólido. Además, el marco legislativo vigente en Europa y España ha hecho evidente la urgencia de esta reforma en La Rioja.

Durante el debate en el Parlamento, Alberto Olarte, del Partido Popular, enfatizó que esta ley promueve un enfoque más asistencial, al mismo tiempo que flexibiliza los horarios de las farmacias para ajustarlos a las necesidades de los consultorios médicos. También resaltó el impulso a los botiquines farmacéuticos como una solución clave para garantizar asistencia en las pequeñas poblaciones, asegurando que la redacción de la ley ha sido simplificada para facilitar su comprensión.

Olarte también mencionó que la legislación mejorará la implementación de normativas, regulando además la publicidad relacionada con medicamentos y estableciendo normas sobre las guardias de farmacias. Desde la perspectiva del socialista Miguel González de Legarra, esta iniciativa representa una ley muy esperada que hereda su tramitación de la anterior legislatura. Reconoció el esfuerzo de consulta a los farmacéuticos, aunque criticó la falta de comunicación del director general del área.

Legarra también lamentó que no se haya incorporado la inteligencia artificial en la legislación, advirtiendo que se debe legislar con una visión a largo plazo, para asegurar la relevancia futura de la normativa.

El diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, expresó su preocupación sobre la dirección que toma esta ley, argumentando que está enraizada en un modelo que prioriza el lucro económico y no el interés público de las farmacias, que deberían ser consideradas un servicio esencial. Adicionalmente, criticó la falta de propuestas para crear oficinas públicas y endurecer los requisitos poblacionales para nuevas agencias, lo que podría agravar la despoblación en ciertas áreas.

Desde Vox, Héctor Alacid compartió sus dudas sobre el enfoque del Partido Popular, sugiriendo que hubieran merecido un voto de desaprobación por imponer su mayoría. Sin embargo, finalmente apoyaron la ley tras la inclusión de enmiendas que, en su opinión, aportan una regulación más completa respecto a los derechos de los farmacéuticos, como la correcta documentación de prescripciones y el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.

La Consejera de Salud, María Martín, cerró el debate agradeciendo al Colegio de Farmacéuticos por su colaboración en el proceso. Resaltó la importancia de esta ley para el sistema sanitario regional, enfatizando la relevancia del farmacéutico como un agente clave en la atención a la salud. También señaló el consenso alcanzado durante la elaboración de la ley, interpretándolo como un signo de estabilidad para el futuro del sistema de salud en la comunidad.