LOGROÑO, 17 de noviembre.
El enfermero con especialización en Salud Mental, Daniel Cuesta, quien también es miembro del Área de Salud de Izquierda Unida, ha expresado su preocupación por el estancamiento de la Ley de Salud Mental en La Rioja. Cuesta ha enfatizado: “Una legislación pionera no puede convertirse en una oportunidad desaprovechada”.
En el día de hoy, Cuesta ha llegado a Logroño para participar en una mesa redonda organizada por la Marea Blanca, programada para esta tarde en el Círculo, y ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputada de IU, Henar Moreno. Durante este encuentro, ha recordado su papel como experto en la elaboración de la mencionada ley.
Aprobada en la anterior legislatura bajo la presidencia de la socialista Concha Andreu, Cuesta y Moreno han denunciado que el actual Gobierno del PP, liderado por Gonzalo Capellán, ha trasladado esta ley a un “cajón.”
Cuesta subrayó la necesidad de esta ley, describiéndola como “pionera” en el ámbito nacional, ya que reconoce que la salud mental es un fenómeno “multifactorial”. Explicó que “las causas y consecuencias de los problemas de salud mental son complejas, extensas y superan el ámbito estrictamente sanitario”.
Señaló que la normativa en cuestión no se limita a lo puramente médico, ya que también aborda temas como la vivienda, la educación, el estigma social y garantiza derechos tanto para los usuarios de los servicios de salud mental como para sus familias.
El enfermero hizo hincapié en un aspecto fundamental de la ley, que destaca la necesidad de un tratamiento fundamentado en los derechos humanos. Además, mencionó que establece una proporción de dieciocho psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes.
Cuesta ha manifestado: “Es vital contar con estas medidas. Necesitamos, por un lado, mejorar la salud mental de la población, y por otro, prevenir los problemas que pueden surgir. También es esencial brindar atención a quienes ya enfrentan dificultades relacionadas con su salud mental”.
El enfermero también mencionó que muchas de las razones detrás de condiciones como la depresión, trastornos psicóticos o problemas alimentarios son de carácter social, un hecho bien conocido por quienes laboran en primera línea en hospitales y consultas.
Resaltó: “Si el estrés laboral me conduce a una situación de precariedad habitacional, esto puede empeorar mi estado mental. Una vez que la depresión se instala, las condiciones laborales y de vivienda a menudo solo se agravan.”
Subrayó la importancia de considerar este fenómeno como un asunto poblacional que requiere protección: “Es mi deber como enfermero cuidarlo, pero también compete a las instituciones crear condiciones que prevengan el colapso y proporcionar los recursos necesarios para aquellos que deben intervenir cuando ya ocurren quiebras”.
Adicionalmente, indicó que “sabemos que un empleo precario tiene un impacto negativo en la salud mental incluso mayor que el desempleo mismo”, y que uno de los factores más perjudiciales para la salud es la parte del ingreso que se destina al alquiler o la hipoteca.
Por último, Cuesta recordó que el verdadero derecho que establece la Constitución Española en su artículo 43 es la protección de la salud en un sentido amplio, no solo el derecho a recibir tratamiento por enfermedades, insiste en que lo primordial es proteger la salud de los ciudadanos.
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