LOGROÑO, 21 de julio.

El Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que representa a los Bomberos Forestales de la región a través de sindicatos como CCOO, UGT, CSIF, STAR y FESES, ha expresado este lunes su profunda preocupación por el incumplimiento del refuerzo de personal prometido para enfrentar una temporada de incendios forestales de alto riesgo.

En un comunicado, destacaron que durante la presentación del dispositivo de prevención y extinción de incendios, efectuada el pasado 30 de junio en la localidad de Ezcaray, las autoridades anunciaron un presupuesto superior a 8 millones de euros. Esta inversión tiene como objetivo proteger las 300.000 hectáreas forestales que constituyen el 60% del territorio de La Rioja, según lo declarado por la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, junto al director general del Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

Como parte de las medidas de refuerzo, se informó sobre el adelanto del periodo de alto riesgo al 1 de julio, así como la incorporación de 22 bomberos forestales adicionales, aumentando así el total a 108 efectivos en los retenes. Sin embargo, la realidad muestra que dicha ampliación no se está cumpliendo, lo que deja a algunos retenes con un bombero menos de lo planificado, incrementando así el riesgo operativo y limitando la capacidad de respuesta ante incendios.

Los representantes de los Bomberos Forestales subrayan que esta omisión tiene un impacto directo en la estructura organizativa del personal y genera un déficit crónico de efectivos en cada equipo, lo que pone en peligro tanto la seguridad de los bomberos como la eficacia de las operaciones contra incendios.

Desde el Comité de Empresa se exige al Gobierno de La Rioja que cumpla con lo prometido, garantizando las 22 incorporaciones de bomberos forestales y ofreciendo condiciones laborales seguras para todo el personal. En su comunicado, enfatizan la responsabilidad del gobierno en la protección del patrimonio natural y la seguridad de la población ante el creciente riesgo de incendios.

Este incumplimiento no solo pone en entredicho el respeto a los derechos de los trabajadores, sino que también se considera una grave irresponsabilidad política en un contexto donde la disponibilidad de recursos humanos es tan vital como la de medios materiales para combatir los incendios.

Los miembros del Comité subrayan que la cuestión no se limita a derechos laborales; se trata de seguridad pública y de la protección de vidas, viviendas, ecosistemas y la economía rural. Los montes, aseguran, no son solo un atractivo visual, sino que representan agua, biodiversidad, agricultura, turismo, ganadería y cultura: son vida.

Concluyen su mensaje afirmando que los incendios no comprenden compromisos presupuestarios incumplidos ni promesas vacías; cada hectárea que arde y cada hogar en riesgo deben ser consecuencia de decisiones políticas responsables.