LOGROÑO, 24 de julio.

Este jueves, a las 19:15 horas, numerosas ciudades de España, incluida la capital de La Rioja, serán escenario de concentraciones frente a juzgados y otros sitios emblemáticos. El propósito de estas movilizaciones es exigir una justicia que realmente priorice el "interés superior" del pequeño Daniel Arcuri Rivas, garantizándole la posibilidad de permanecer con su madre en Maracena, lejos de cualquier entorno violento.

Organizadas por un colectivo de madres y profesionales comprometidos con la defensa de los derechos de la infancia y la mujer, estas manifestaciones contarán con la participación de diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos. Las actividades comenzarán a las 19:15 horas y concluirán con la lectura de un Manifiesto, donde se enfatizará la difícil situación que atraviesan miles de niños en España, víctimas de violencia vicaria y de las instituciones.

La violencia vicaria se manifiesta cuando un progenitor toma represalias contra el otro, usando a los hijos como instrumento de castigo, lo cual puede llegar a situaciones tan extremas como el asesinato de los menores. Por otro lado, la violencia institucional se revela en la concesión de custodias a maltratadores, convirtiendo a la judicatura en cómplices del sufrimiento de muchas familias.

Bajo el lema "Escuchen a Daniel", estas movilizaciones demandan que la jueza del juzgado nº 3 de Granada preste atención a las solicitudes del niño, que ha expresado su deseo de permanecer con su madre. La Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi), en vigor desde 2021, establece el derecho de los menores a ser escuchados, una norma que parece estar siendo ignorada en este caso.

Recientemente, la jueza decidió postergar la decisión sobre el futuro de Arcuri, quien ha sido condenado en España por violencia de género y actualmente enfrenta acusaciones en Italia. Durante una visita al Punto de Encuentro Familiar (PEF), Daniel mostró su angustia y expresó su miedo a ser entregado a su padre.

El caso ha generado una fuerte conmoción social y ha captado la atención del Gobierno. Sin embargo, no es un hecho aislado; muchos menores en España se encuentran en situaciones de riesgo debido a decisiones judiciales que no se alinean con el Código Civil ni con las normativas de protección infantil, obligándolos a convivir con padres denunciados por violencia de género, exponiéndolos a un grave peligro.

Críticos de la Judicatura y la Fiscalía de Menores han señalado la falta de diligencia en la aplicación de la Lopivi, que debería garantizar la protección del menor y reconocer su sufrimiento.

Las concentraciones se llevarán a cabo en varias ciudades, como Gijón, Barcelona, Zaragoza y en la capital riojana, frente a la Delegación del Gobierno. En Madrid, los ciudadanos se reunirán frente al Congreso para reclamar acciones que protejan efectivamente a los más vulnerables en nuestra sociedad.

Izquierda Unida de La Rioja se ha manifestado en apoyo de esta convocatoria, defendiendo el derecho de Daniel a un entorno seguro junto a su madre, Juana Rivas, y expresando su rechazo a la posibilidad de que el niño sea entregado a su padre, quien enfrenta serias acusaciones de maltrato.

Henar Moreno, portavoz de IU, ha enfatizado que la justicia española posee los recursos legales necesarios para salvaguardar a Daniel y que un precedente similar en Suiza demuestra que es posible actuar. "La integridad de este menor está en juego, y no se puede ser ambivalente; el interés superior del niño debe prevalecer", afirmó.

Moreno también alertó sobre la decisión de un tribunal suizo de no devolver a dos menores a España, argumentando que su regreso representaba un grave riesgo. "Si Suiza pudo actuar de este modo, España también debe hacerlo", recalcó.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha manifestado su inquietud por la situación de Daniel y está realizando gestiones para asegurar su protección. Desde IU se subraya su apoyo a Juana Rivas y sus hijos, exigiendo acciones contundentes por parte del Gobierno.

Como muestra de este compromiso, el Ministerio ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para garantizar la seguridad del menor de forma urgente. "No se trata solo de expresar preocupación; es necesario utilizar todos los mecanismos legales disponibles", advirtió Moreno, instando al Gobierno a aplicar las excepciones del Convenio de La Haya para proteger al niño cuando su integridad está en riesgo.

Desde Izquierda Unida afirman que permitir la entrega de Daniel a su padre, quien tiene denuncias por violencia, equivaldría a una complicidad institucional con la violencia vicaria. Además, enfatizan que la inacción del Estado no es neutra, sino una forma de aliarse con el maltratador.

“Aún hay tiempo para evitar una tragedia”, concluyó Moreno. “Daniel ha manifestado su temor por su vida. Si el Estado no actúa, se estará fallando nuevamente a un niño que ha pedido ayuda, y esta vez no podrá alegar ignorancia”.