En una situación que pone en jaque la confianza en el ámbito comercial, la Audiencia Provincial de Logroño ha señalado para el próximo 17 de junio a las 10:00 horas una vista oral contra un individuo identificado como P.R.R., quien enfrenta cargos por presunta estafa. La Fiscalía ha solicitado una condena de tres años y medio de prisión, argumentando que el acusado firmó un contrato para la venta de un camión sin tener la capacidad financiera para cumplir con dicha obligación.

Documentos legales a los que ha tenido acceso Europa Press indican que P.R.R. era el administrador único de P.R.R. Serveis BCN S.L. y de Infomóvil Consulting S.L., ambos ubicados en Barcelona. Desde finales de 2006, la primera de las empresas se encontraba en una crítica situación de insolvencia, lo que la imposibilitaba para honrar sus compromisos económicos.

A pesar de ser plenamente consciente de su incapacidad para asumir nuevas obligaciones, el acusado continuó ofreciendo un servicio en el mercado que incluía la adquisición de un camión a través de un arrendamiento financiero ('leasing'), complementado con las gestiones necesarias para operar un negocio de transporte.

El 24 de enero de 2007, P.R.R. firmó un contrato notarial con un comprador y Caja Duero, en el cual sus padres actuaron como fiadores, para la compra de un camión equipado con frío por un monto total de 58.139,64 euros.

El camión en cuestión supuestamente provenía de P.R.R. Serveis BCN S.L., que vio cómo se depositaban 51.063,72 euros en su cuenta mediante el acuerdo de leasing, establecido previamente con el comprador y el Grupo Infomóvil. Aunque el contrato fue formalizado por un representante del grupo en la zona de Bilbao, la administración de los fondos se llevó a cabo en Barcelona.

La Fiscalía sostiene que no se llevaron a cabo gestiones reales para adquirir el camión ni se intentó matricularlo, algo que el acusado sabía desde el inicio. Sin embargo, aceptó el dinero, que se integró a su patrimonio y fue destinado a otros fines.

Se destaca, además, que el camión fue ofrecido a un precio notablemente superior al valor de mercado, que se estima en 33.538 euros, lo que levanta serias dudas sobre la honestidad del acuerdo comercial.

La situación ha generado un quebranto financiero para el comprador y sus padres, quienes han quedado comprometidos a largo plazo, enfrentando múltiples gastos y perjuicios. Estos incluyen una demanda ejecutiva presentada por Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, hoy Banco de Caja España de Inversiones, por un reclamo de 124.542,12 euros.

El Ministerio Fiscal califica los actos del acusado como un delito de estafa y ha solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión, así como una indemnización de 51.063,72 euros al comprador y sus padres, añadiendo gastos relacionados y daños morales por un valor de 10.000 euros.

La Fiscalía subraya que los beneficios económicos derivados de esta situación favorecen únicamente al acusado, quien tenía el control absoluto sobre la empresa y la gestión de los fondos. La implicación de otras personas, como el delegado en Bilbao y Caja Duero, no cambia el hecho de que la responsabilidad última recae en él, respecto a la recepción y posible restitución del dinero involucrado.