LOGROÑO, 4 de octubre.

El profesor José Manuel Sendín, quien coordina el Máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha compartido su opinión sobre la situación actual de las llamadas de 'spam'. Aunque reconoce que han disminuido gracias a la reciente Ley General de Telecomunicaciones, también advierte que es poco probable que desaparezcan por completo. Las empresas siguen empleando tecnología especializada para eludir las restricciones impuestas por la normativa.

Sendín explicó que la ley obliga a las empresas a realizar llamadas desde prefijos 800 o 900, lo cual debería permitir su identificación como comunicaciones comerciales. Sin embargo, enfatiza que las compañías a menudo utilizan software que les permite enmascarar su identidad y transgredir estas limitaciones, lo que complica el seguimiento de prácticas ilegales.

El papel de los operadores de telecomunicaciones es crucial en esta lucha. Con las nuevas regulaciones, estos deben adoptar un enfoque más proactivo y no limitarse a ser meros receptores de quejas. El coordinador del máster subraya que los operadores tienen la responsabilidad de implementar sistemas de filtrado adecuados para combatir el spam telefónico eficientemente.

Los riesgos que asumen algunas empresas son notables, ya que buscan mejorar su competitividad en el mercado, a menudo utilizando métodos cuestionables para obtener información de los consumidores. Esto se traduce en que los usuarios, en muchas ocasiones, cuelgan sin presentar quejas formales, lo que a su vez minimiza las posibilidades de que se tomen acciones correctivas.

Sendín comentó que la administración pública suele actuar solo cuando se recibe una denuncia formal de un afectado que reporta que recibe constantemente este tipo de llamadas incesantes.

El experto también ha señalado prácticas problemáticas, como la compra de bases de datos por parte de las empresas, confiando que contienen datos legítimos con el consentimiento necesario de los usuarios, lo cual no siempre es el caso. Esto contribuye a la persistencia del spam telefónico en nuestras vidas.

Para los consumidores, Sendín sugiere que, a pesar de haber notado una reducción en la frecuencia de estas llamadas gracias a la nueva ley, lo correcto es denunciar los casos persistentes. Con un pasado en el que recibía más de 100 llamadas semanales, él reconoce que la denuncia puede resultar un proceso molesto para los usuarios, quienes ya enfrentan suficientes responsabilidades en su vida diaria.

Aun así, considera que el mejor método para abordar el problema es notificar a las autoridades pertinentes. Para esto, los ciudadanos tienen dos rutas claras: primero, contactar a la Agencia Española de Protección de Datos, que detalla en su sitio web el procedimiento a seguir para presentar denuncias, junto con la información necesaria para iniciar una investigación.

La segunda opción es recurrir a organismos de protección al consumidor, dado que el comportamiento de estas empresas podría considerarse desleal, ya que utilizan datos de manera indebida, alterando así la libre competencia en el mercado frente a empresas que actúan de manera ética.

Sendín concluyó recordando que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones a varias empresas por realizar campañas de spam telefónico. Destacó que normalmente, antes de aplicar multas, el organismo avisa a las empresas, y en muchas ocasiones, las sanciones se reducen si las compañías optan por pagar voluntariamente las infracciones detectadas.