LOGROÑO, 15 de julio.

En un acto de protesta, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se congregó el martes en el Centro Penitenciario de Logroño para expresar su rechazo ante las recientes agresiones que han sufrido sus miembros tanto en este centro como en la prisión de Sevilla.

Según un comunicado del sindicato, el 4 de julio varios funcionarios fueron atacados durante un registro rutinario a un interno, un incidente que, lamentablemente, no se considera aislado.

El sindicato también mencionó que situaciones de este tipo ya habían ocurrido anteriormente, resultando en la necesidad de atención hospitalaria para algunos funcionarios. Además, destacaron el caso del 8 de julio, cuando una psicóloga fue víctima de una agresión sexual en la prisión de Sevilla II.

CSIF subrayó que las agresiones, tanto sexuales como físicas, a los profesionales penitenciarios han aumentado significativamente en los últimos años. La organización informó que, en promedio, se produce un ataque cada 16 horas en las prisiones españolas, lo que asciende a más de 1000 incidentes en el último bienio.

El sindicato indicó que no solo ha crecido la cantidad de agresiones, sino también su gravedad y la mayor hostilidad de los internos, muchos de los cuales han sido trasladados a este centro. Afirmaron que el centro de Logroño es de categoría C, lo que significa que no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar a reclusos que corresponden a categorías más altas.

Normalmente, los centros de categoría C albergan a prisioneros con un perfil menos conflictivo, que están en semilibertad o cumplen penas menos severas.

Por lo tanto, desde el sindicato afirmaron que la clasificación actual del centro no es adecuada y que, si se desea albergar a este tipo de internos, la administración debería reclasificarlo a categoría B, aumentando así los recursos disponibles.

CSIF exigió una respuesta inmediata de la administración, incluyendo una revisión de la clasificación de los internos, la determinación de responsabilidades, la implementación de sistemas de emergencia eficientes y el reconocimiento de los empleados públicos penitenciarios como agentes de autoridad.

Finalmente, el sindicato resaltó que estos incidentes evidencian un serio deterioro en el sistema penitenciario, el cual se ha visto afectado por una clasificación que parece más orientada a encubrir estadísticas que a abordar la realidad de un aumento en la población carcelaria.