En una reciente intervención en Logroño, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, abordó la posible rescisión de un contrato del Ministerio del Interior relacionado con la adquisición de munición de una empresa israelí. Calvo manifestó que, aunque el Gobierno aún no ha decidido solicitar un dictamen consultivo al respecto, existe un sólido marco legal que podría guiar este proceso.

Durante su visita al Consejo Consultivo de La Rioja, la exministra afirmó que, desde un punto de vista técnico, la rescisión de contratos no plantea grandes complicaciones. A preguntas de los medios sobre la anulación unilateral de este contrato, enfatizó que el Consejo cuenta con una doctrina que detalla las circunstancias y razones bajo las cuales se pueden resolver este tipo de acuerdos.

“Desde lo técnico, no hay dificultad”, explicó Calvo, aunque aclaró que no se involucraría en el debate político relacionado con el tema. Aseguró que existe un procedimiento claro que se debe seguir, junto con un tiempo adecuado para llevar a cabo correctamente la ruptura de un contrato.

La presidenta del Consejo destacó que la doctrina existente sobre estos temas está bien consolidada y que se puede justificar legalmente la decisión, protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos del Estado. Según sus palabras, esto no es algo inusual, sino más bien una práctica común en la gestión de contratos públicos.

Además, Calvo subrayó que el Consejo de Estado maneja frecuentemente situaciones similares, indicando que es raro que una semana pase sin que se evalúe un caso de este tipo relacionado con contratos de ayuntamientos o comunidades autónomas. Puso como ejemplo la reciente revisión de un contrato vinculado a una presa gestionada por una confederación hidrográfica.

Aun así, hizo hincapié en que el Consejo sólo puede intervenir si se le solicita formalmente. "Alguien debe acercarse a nosotros para que podamos evaluar si es posible, y en qué términos", explicó. Por lo tanto, la posibilidad de que el Consejo de Estado brinde un dictamen dependía de que el Gobierno lo solicitara, algo que, según ella, aún está por verse.

Calvo concluyó su declaración resaltando su incertidumbre sobre si el Ejecutivo solicitará su opinión, pero enfatizó que si se presenta la oportunidad, el Consejo estará listo para emitir un dictamen basado en la doctrina existente.