Crónica La Rioja.

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"Siete imputados por tráfico de drogas enfrentan penas de hasta 8 años en prisión"

El tráfico de drogas entre Logroño y Manjarrés ha sido el escenario de un juicio en la Audiencia Provincial en el que siete acusados se enfrentan a penas de hasta ocho años de cárcel. El Ministerio Fiscal les imputa un delito de tráfico de drogas, algunos como cómplices, y multas que superan los 200.000 euros.

Estos hechos se remontan al año 2017, cuando B.H.F. se dedicaba a la venta de drogas de forma habitual, lo que le permitía llevar un estilo de vida desahogado sin necesidad de trabajar. A pesar de no tener empleo, era propietario de una vivienda y varios vehículos en Logroño.

El acusado escondía la droga en lugares fuera de su domicilio para evitar ser detectado, ya que tenía experiencia previa enfrentando cargos por delitos relacionados con las drogas. En agosto de 2017, la policía descubrió una mochila con diferentes tipos de droga en el garaje donde vivía B.H.F., lo que desencadenó una investigación en su contra.

Las autoridades policiales siguieron de cerca al acusado, comprobando que mantenía contactos con personas relacionadas con el tráfico de drogas y que organizaba encuentros en su domicilio o en Manjarrés, donde también tenía propiedades. Fue en esa localidad donde se llevó a cabo una transacción de droga con la participación de otros acusados.

El fiscal detalla las conexiones entre los acusados, describiendo cómo cada uno llevaba a cabo su actividad de tráfico de drogas de forma independiente, pero compartiendo suministradores y utilizando un local en Manjarres para manipular la droga. La investigación reveló una red de distribución de drogas que abarcaba varias localidades.

En febrero de 2018, las autoridades detectaron un aumento en los intercambios de droga entre los acusados, lo que llevó a su detención. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil jugó un papel fundamental en desarticular esta red de tráfico de drogas.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de informes que señalaban a los acusados como traficantes de drogas. Se constató que tenían una vida acomodada a pesar de no tener empleo, lo que levantó sospechas sobre sus actividades ilícitas. Los registros domiciliarios realizados arrojaron pruebas que confirmaron su implicación en el tráfico de drogas.

El fiscal concluye que los acusados son responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, por lo que pide penas de hasta ocho años de cárcel y multas significativas para cada uno de ellos. La red de tráfico de drogas entre Logroño y Manjarrés fue desmantelada gracias a la labor de las autoridades policiales.