LOGROÑO, 23 de marzo.

El Ministerio Público ha pedido una pena de dos años de prisión para un individuo acusado de falsedad documental y estafa. Este sujeto logró apropiarse de 3.000 euros pertenecientes a unos parientes lejanos, engañándolos al aprovecharse de la avanzada edad de una de las víctimas y de la discapacidad intelectual de la otra.

El juicio correspondiente se llevará a cabo este martes en la Audiencia Provincial de Logroño.

Documentos judiciales a los que ha tenido acceso Europa Press revelan que el acusado, A.P.A., es cuñado de una hermana de J.G.I. y de una hija de A.I.M., quienes son las víctimas de este caso.

El acusado pretendía realizar una renovación de ventanas en su vivienda, por lo que consultó el costo a una empresa local, que le presentó un presupuesto de 3.000 euros y emitió una factura el 15 de enero de 2016.

Para poder cubrir ese costo, y ante su falta de recursos, se apoderó de los datos bancarios y de la documentación personal de las dos víctimas. Aprovechó la vulnerabilidad de A.I.M., por su edad, y de J.G.I., que padece un trastorno por inteligencia límite.

Según la acusación, el acusado convenció a J.G.I. haciéndole creer que iba a recibir un teléfono móvil de última generación como regalo, y que para ello necesitaba su DNI y la cartilla de ahorros que compartía con su madre y hermana.

Con los documentos obtenidos y firmando como si fuera A.I.M. y J.G.I., llevó a cabo un contrato de préstamo aplazado con Caja Laboral Kutxa el 27 de enero de 2016. Como resultado, la entidad transfería los 3.000 euros al acusado, quien se quedó con el dinero sin que se evidenciara la instalación de las ventanas ni el pago por su importe.

En marzo y abril de 2016, Caja Laboral Kutxa envió las cuotas a la cuenta perteneciente a A.I.M. y sus hijas, cuotas que fueron devueltas por no haber firmado un contrato válido.

Para el fiscal, los actos del acusado constituyen un delito de falsedad documental utilizado como herramienta para llevar a cabo una estafa, y no se presentan circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal.

Por estos motivos, la acusación solicita que se imponga al acusado una pena de un año de prisión por la estafa y otro año por falsedad documental.