Este 29 de enero se llevará a cabo lo que los agricultores y ganaderos españoles han denominado 'súper jueves', un día que marcará un hito en las manifestaciones en todo el país. Desde el lunes y hasta el viernes, estos profesionales del sector agrario se movilizarán para expresar su descontento ante lo que consideran recortes inaceptables en la Política Agrícola Común (PAC) y el peligro que representa el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

A pesar de la reciente suspensión de dicho acuerdo por parte del Parlamento Europeo, que busca revisarlo debido a sus implicaciones, las organizaciones agrarias siguen adelante con sus planes de movilización. Encabezadas por Asaja, COAG y UPA, estas protestas se desarrollarán en varias localidades, superando cualquier inconveniente que haya podido surgir tras la pausa del pacto.

Durante toda la semana se llevarán a cabo manifestaciones, pero será el 29 de enero cuando se concentrará el mayor número de acciones. Se prevé que más de 25 provincias participen de estas tractoradas, destacando ciudades como Valencia, Cádiz y Mallorca, donde los agricultores sacarán sus tractores a las calles para demandar cambios significativos.

La capital también será escenario de protestas, incluyendo un 'cocido reivindicativo' en una de las plazas más emblemáticas, la Puerta del Sol, donde los representantes del sector esperan resonar sus demandas en el corazón de Madrid.

En palabras de Cristobal Cano, secretario general de UPA, “la intención es maximizar la visibilidad de nuestras preocupaciones el 29 de enero”, haciendo hincapié en cuestiones críticas como la reducción del presupuesto de la PAC, los acuerdos desfavorables con países externos y el creciente exceso de burocracia que ahoga el sector agrario español.

Con estas movilizaciones, agricultores y ganaderos buscan que las autoridades reconozcan la urgencia de sus necesidades y la importancia de tomar decisiones efectivas que aseguren la viabilidad de este sector fundamental en la economía nacional.

Entre las demandas específicas se encuentran la protesta contra el recorte del 23% en la financiación de la PAC, una medida que muchos consideran insostenible para sus explotaciones. A ello se suman objeciones a los tratados comerciales que favorecen la entrada de productos en condiciones desiguales frente a las exigencias que deben cumplir los productores locales.

Asimismo, instarán a que se cumpla estrictamente la Ley de la Cadena Alimentaria, exigiendo la prohibición de ventas a pérdidas y la divulgación de los costes de producción. También se pedirá una legislación emergente para gestionar los daños ocasionados por la fauna salvaje y una revisión de la Reforma Laboral para ajustarla a las dinámicas del campo.