Esta mañana se llevó a cabo la selección del Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial, el cual estará compuesto por 9 miembros y se encargará de juzgar a tres denunciados en un caso de presunto asesinato ocurrido en un contexto delicado debido a las deudas de drogas.

LOGROÑO, 5 de mayo.

El próximo jueves 8 de mayo comenzará el juicio contra dos hombres y una mujer, acusados de haber terminado con la vida de un varón de 45 años. El Ministerio Público está exigiendo una pena de 24 años de prisión por el delito de asesinato, en relación a lo que se ha denominado el 'Crimen de Viniegra'.

Los erechos sucesos tuvieron lugar el 9 de agosto de 2022 en la localidad de Viniegra, donde los acusados enfrentan un total de 77 años de prisión, que es la suma total de las penas solicitadas por la fiscalía por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y, para uno de ellos, un cargo adicional contra la seguridad vial.

El jurado estará integrado por 5 hombres y 4 mujeres, mientras que los suplentes son dos mujeres, una de ellas trabajadora y otra técnica en aplicaciones. La edad de los miembros del jurado oscila entre los 18 y 50 años.

Entre los jurados hay una mezcla de profesiones que incluyen chofer, diseñador gráfico, educador, técnico en informática, comercial, agente de viajes y un trabajador en el cuidado de personas mayores. Dos de ellos se encuentran sin trabajo actualmente.

La selección de estos jurados, así como de sus suplentes, fue realizada esta mañana en un proceso cerrado, eligiendo a los 9 integrantes de entre un total de 24 candidatos seleccionados por sorteo.

Según el acusador, cada uno de los tres implicados enfrentará una condena de 24 años por el acusado homicidio que, según el fiscal, se perpetró debido a una deuda relacionada con el tráfico de drogas. Se le atribuye a los encausados el asesinato por disparo en la nuca de la víctima, cuyo cuerpo fue posteriormente despojado en un paraje conocido como 'La Torca' en esa misma localidad.

Además de la pena por asesinato, la Fiscalía reclama también una sanción adicional de un año y medio de prisión por la tenencia ilícita de armas.

El juicio está programado para iniciar el 8 de mayo, y se prevé que se extienda hasta el 19 de mayo. Antes de ello, se realizará la designación del Tribunal del Jurado el 5 de mayo, confirmado por el TSJR.

Los hechos alegados se remontan a agosto de 2022, cuando uno de los acusados se vio presionado por el cobro de una deuda de drogas, lo que generó un clima de gran tensión. Este individuo buscó el apoyo de su pareja y un amigo, quienes también están involucrados en la causa.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, y con la intención de resolver lo que consideraron un problema, los acusados acordaron agredir a la víctima. De esta manera, llevaron a cabo un plan que culminó en el asesinato del hombre, cuyo cuerpo ocultaron en un lugar apartado, dificultando así su localización.

El crimen se ejecutó esa misma noche del 9 de agosto, cuando, tras llevar a la víctima a un lugar desierto bajo la apariencia de liquidar la deuda, se produjo un violento ataque. Se le golpeó con una piedra en repetidas ocasiones, causando más de veinte heridas, antes de que uno de los acusados le disparara en la nuca.

A este individuo, que no tenía la deuda, se le atribuye haber expresado en un momento del crimen que "él se haría cargo del problema", refiriéndose a la amenaza que representaba la víctima.

Posteriormente, los implicados transportaron el cadáver en una furgoneta y lo escondieron en una finca, sin embargo, al día siguiente, decidieron deshacerse del cuerpo arrojándolo en un agujero de unos 50 metros de profundidad.

La Guardia Civil localizó el cuerpo en el fondo de la sima horas más tarde, encontrando que presentaba evidencias de un asesinato violento, con lesiones que correspondían a un ataque premeditado y a un disparo fatal en la cabeza.

El tipo de arma utilizada en el crimen no ha sido hallada hasta el momento, y cabe señalar que ninguno de los acusados contaba con el permiso correspondiente para poseer armas.

Ante esta situación, se acordó la prisión provisional para los dos acusados, considerando la gravedad de las acusaciones. Por su parte, la Fiscalía recalca que se trata de claros delitos de asesinato y tenencia ilegal de armas, además de otro cargo por conducir sin puntos en términos de ley de seguridad vial.

Con base en los hechos, se impone la exigencia de 24 años de prisión para cada uno por asesinato, además de una pena de 18 meses por la tenencia ilícita de armas; igualmente se buscará una compensación económica de 200.000 euros al hijo menor del fallecido y 60.000 euros a cada uno de sus padres.