Crónica La Rioja.

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Mujer enfrenta 8 años de cárcel por forzar víctima a prostituirse mediante amenazas

Mujer enfrenta 8 años de cárcel por forzar víctima a prostituirse mediante amenazas

LOGROÑO, 18 Dic. El fiscal ha solicitado una pena de ocho años de prisión para una mujer acusada de dos delitos: trata de seres humanos con fines de explotación sexual y determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual. Se le imputa también otra acusación relacionada con los derechos de ciudadanos extranjeros, por la cual se le reclama una multa de 3.000 euros, así como una indemnización de 10.000 euros por responsabilidad civil.

Los hechos, a los que Europa Press ha tenido acceso, serán juzgados este martes a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial de La Rioja. La acusada, L.G.R., nacida en Colombia y sin antecedentes penales, contactó con la víctima ofreciéndole trabajar en un restaurante en España y se ofreció a organizar y gestionar su viaje.

Para ello, ambas se reunieron en Bogotá, donde la acusada proporcionó los billetes de avión y dio instrucciones precisas para que viajaran separadamente y se encontraran en el aeropuerto de Madrid. Con el fin de evitar sospechas, le indicó a la víctima que declarara en el control de entrada que su intención era visitar Barcelona y Madrid.

Una vez en Madrid, el 9 de marzo de 2018, la acusada y otra persona desconocida llevaron a la testigo en coche a Logroño, a un piso de su propiedad donde "había varias mujeres ejerciendo la prostitución". Fue entonces cuando la acusada le reveló que el supuesto restaurante no existía y que tendría que trabajar como prostituta. La amenazó con deportarla a Colombia y dañar a su familia si se negaba a prostituirse. También le exigió entregarle la mitad del dinero que ganara para cubrir los gastos del viaje y como pago por la gestión y organización del negocio de prostitución.

Ante esta inesperada situación, la víctima se sintió engañada, sola e intimidada por las amenazas y las circunstancias. Ejerció la prostitución en contra de su voluntad y lo hizo hasta que, tiempo después, logró escapar de la vivienda a pesar del estricto control y vigilancia impuestos por la acusada.

A finales de 2019, la perjudicada denunció la situación a la Policía, ya que continuaba recibiendo amenazas por la deuda impagada y por haberse liberado del control de la acusada en el ejercicio de la prostitución. Posteriormente, el 3 de marzo de 2020, se realizó un registro judicial en la vivienda donde se ejercía la prostitución, incautándose de trece teléfonos móviles, libretas con anotaciones de nombres y cantidades, y 1.345 euros en efectivo. Este material prueba las "importantes ganancias que la acusada obtenía al controlar y gestionar la prostitución de mujeres, incluyendo a la víctima testigo protegido".

Por estos hechos, la acusada se enfrenta a una solicitud de ocho años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual. También se le acusa de vulnerar los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que se le requiere el pago de una multa de 3.000 euros. Además, se reclama que indemnice a la víctima con 10.000 euros por el daño moral.