LOGROÑO, 20 de noviembre.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha instado al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, a que se enfoque en las verdaderas necesidades de los ciudadanos en vez de seguir las indicaciones de las grandes constructoras, a raíz del reciente incremento en el precio de la Vivienda de Protección Oficial.

Durante una reciente conferencia de prensa, Moreno criticó la última acción del Gobierno de La Rioja, indicando que aunque no debería resultar sorprendente, su partido aún alberga la esperanza de una rectificación por parte del Ejecutivo regional.

La diputada ha subrayado que un problema crucial que enfrenta la sociedad, especialmente los jóvenes, es la dificultad de acceder a una vivienda digna.

“El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un lujo, distanciándose de ser uno de los pilares esenciales de nuestro Estado Social y de Derecho”, afirmó con firmeza.

Desde su punto de vista, el reciente aumento en el módulo de la Vivienda de Protección Oficial representa “un paso más” en una política de vivienda del Gobierno regional que ha quedado “vacía” en lo que respecta al alquiler público, mostrando una clara tendencia a rendirse ante los intereses de las grandes constructoras.

Con este ajuste, explicó, el coste de una vivienda de setenta metros cuadrados de VPO ahora ascendía a 185.000 euros, un aumento que, según ella, es preocupante. “Es un incremento significativo”, enfatizó.

Moreno destacó que, en tan solo dos años, el módulo de la Vivienda de Protección Oficial ha visto un incremento del 73 por ciento, casi duplicándose.

Ante esta situación, la diputada considera evidente que el Gobierno de La Rioja actúa en desacuerdo con las necesidades generales de los ciudadanos. Peor aún, afirmó que esto es algo recurrente, ya que, cada vez que se aprueban ayudas económicas, se prioriza el apoyo a las empresas, dejando de lado a los trabajadores.

En respuesta a esta problemática, Moreno anticipó que su grupo está trabajando en enmiendas a los presupuestos de la comunidad para que el Gobierno regional asuma el papel de arrendatario.

La propuesta consiste en alquilar viviendas en el mercado libre a precios razonables y, posteriormente, ofrecerlas a la ciudadanía a un coste que no supere el treinta por ciento de los ingresos familiares.

“Esta es una solución que ha dado muy buenos resultados a corto plazo”, explicó, añadiendo que, aunque es necesario seguir desarrollando VPO, también son imprescindibles medidas que generen efectos inmediatos e impactantes en la población.