La Rioja lidera la siniestralidad laboral en España, piden actualizar la legislación vigente

La Rioja presenta un incremento preocupante en accidentes laborales graves, con un aumento del 91,7 % en 2025 y tres muertes en 2026, situándose a la cabeza del país en siniestralidad. Los sindicatos UGT y CCOO alertan sobre la necesidad urgente de una reforma legislativa que contemple los riesgos emergentes y fomente una cultura preventiva sólida.

El contexto político actual en la región refleja una falta de respuesta eficaz por parte de las instituciones ante la problemática, pese a las cifras alarmantes. La estrategia riojana de seguridad laboral, vigente desde hace años, no logra reducir las tasas de accidentes ni las muertes, lo que evidencia carencias en la gestión pública y en la colaboración con los agentes sociales.

Estas cifras tienen implicaciones directas en la salud de los trabajadores y en la economía regional, ya que los accidentes graves y mortales generan costes sociales elevados y afectan la productividad. La insuficiente protección en pequeñas empresas y autónomos, así como la baja valoración de riesgos psicosociales, agravan la situación.

Desde los sindicatos, se reclama una revisión urgente de la normativa, que ya tiene 30 años, para adaptarla a los nuevos riesgos y condiciones laborales. Además, proponen fortalecer la figura del delegado de prevención en las pequeñas empresas y mejorar la coordinación con las mutuas, que en muchas ocasiones no garantizan la recuperación adecuada de los afectados.

El escenario político en La Rioja, en medio de una coyuntura de cambios económicos y sociales, requiere una apuesta decidida por la seguridad laboral. La digitalización, el cambio climático y la transformación demográfica plantean nuevos desafíos que demandan una legislación moderna y efectiva para proteger a los trabajadores.

El futuro de la seguridad laboral en la región dependerá de la voluntad política de impulsar reformas profundas y de fortalecer la cultura preventiva, con el objetivo de reducir siniestralidad y salvar vidas. La actualización legislativa y una gestión más efectiva serán claves para afrontar estos retos en los próximos años.