En un reciente análisis sobre las transferencias de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, destaca que la comunidad autónoma de Extremadura ha recibido un total de 99 traspasos de competencias desde 1978 hasta 2024, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio de Política Territorial y recopilados por Europa Press.

A nivel nacional, se han realizado un total de 2.017 traspasos a comunidades y ciudades autónomas en el mismo periodo, lo que pone de manifiesto un enfoque centralizado que, aunque busca descentralizar el poder, aún dependen en gran medida de las decisiones del Gobierno central.

En el listado histórico, Cataluña lidera el ranking con un total de 192 transferencias, seguido por Andalucía y Galicia, ambas con 155. Otros territorios como la Comunidad Valenciana y Canarias también destacan, lo que refleja un patrón en el que comunidades con mayor peso demográfico y político obtienen más competencias.

Es importante señalar que durante la administración del presidente Mariano Rajoy, entre 2015 y 2017, no se registraron trasferencias a comunidades autónomas. Sin embargo, desde la llegada de Pedro Sánchez, se han reactivado estas transferencias, comenzando con dos destinadas al País Vasco en los primeros meses de su mandato.

Desde entonces, el Gobierno de Sánchez ha realizado casi 30 traspasos a diversas comunidades, siendo el País Vasco el que ha obtenido el mayor número de competencias, alcanzando un total de 16, muy por delante de Cataluña, que ha recibido solo cuatro. Este patrón pone de relieve las preferencias del Gobierno en términos de distribución de competencias.

En el 2024, el País Vasco ha conseguido cinco traspasos adicionales, concentrando casi el 60% de todas las transferencias que se han llevado a cabo desde la moción de censura que colocó a Sánchez en el Ejecutivo en 2018. Esto subraya cómo la política puede influir directamente en la distribución del poder a nivel regional.

Recientemente, el presidente Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales acordaron en noviembre realizar la transferencia de dos competencias adicionales a Euskadi, que incluyen la gestión del litoral y la de cinematografía. Este tipo de acuerdos recalca la dinámica en la cual ciertas comunidades parecen recibir más atención y favor por parte del Gobierno central.

Sánchez y Pradales han establecido un calendario para transferir cuatro competencias adicionales antes de que acabe este año, así como otra veintena para 2025, lo que incluye cuestiones tan relevantes como la Seguridad Social, lo que podría tener un impacto significativo en la administración regional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha cedido competencias de orden público en puertos y aeropuertos al cuerpo de seguridad autónomo, la Ertzaintza. Sin embargo, ha asegurado que las fuerzas nacionales de Policía y Guardia Civil continuarán siendo responsables de otros ámbitos cruciales como la extranjería y el fraude fiscal.

En el ámbito de Cataluña, se ha confirmado que esta comunidad ha asumido la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha logrado tres ampliaciones de traspasos previos relacionados con la Administración de Justicia, evidenciando así el interés por ampliar su autogobierno.

Las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat siguen su curso, con el fin de materializar traspasos adicionales que podrían abarcar desde la gestión de Rodalies hasta la competencia sobre becas y edificios estatales en Cataluña.

En otro frente, Navarra ha avanzado al asumir tres competencias: la sanidad penitenciaria, el IMV y la de tráfico, aunque esta última fue objeto de anulación por el Tribunal Supremo, lo que obligó a ambos gobiernos a revisar y asegurar el traspaso.

La Comunidad Valenciana se ha beneficiado de una ampliación en los medios destinados a la conservación de la naturaleza y a la edificación, reflejando así una tendencia general de las comunidades a incrementar sus atribuciones.

Por su parte, tanto Baleares como Canarias han recibido competencias sobre la gestión del litoral, aunque han expresado su malestar frente a lo que consideran transferencias incompletas por parte del Gobierno central, lo que remarca la tensión latente entre el nivel central y las comunidades autónomas.

Finalmente, la Xunta de Galicia y el Gobierno central han cerrado un acuerdo que permitirá a Galicia asumir la competencia de gestión del litoral, constituyendo este traspaso como el primero que recibe la comunidad desde 2008, lo que evidencia que algunas regiones siguen muy por detrás en términos de autonomía.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha visto la ampliación de un traspaso previo en áreas de asistencia sanitaria, aunque hay un total de diez regiones que se quedan atrás sin conseguir nuevas competencias desde que este Gobierno asumió el poder, aunque algunas sí han recibido la cesión de impuestos como el de residuos.