LOGROÑO, 12 de enero. La audiencia judicial que debía abordar el caso de cuatro integrantes de una misma familia, implicados en actividades de tráfico de drogas en un hogar de Varea, ha sido suspendida y reprogramada para el 26 de mayo debido a problemas de salud de uno de los acusados. Originalmente, el juicio estaba previsto para llevarse a cabo este lunes y martes.

Según las declaraciones del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), la enfermedad de uno de los implicados, quien necesita cuidados familiares, justificó la decisión de aplazar el proceso. El abogado de la defensa presentó documentación que fue valorada por el tribunal, el cual determinó que esta situación constituía una razón válida para la suspensión. La Fiscalía no presentó objeciones a este cambio de fecha.

La Fiscalía ha solicitado que se imponga una condena total de 36 años de prisión a los cuatro acusados, un total de 9 años por persona, por su participación en la venta de drogas en este barrio riojano. Se ha indicado que los implicados también utilizaban un segundo inmueble desocupado, adyacente a su residencia, para almacenar droga, incluyendo heroína y cocaína, así como armas de fuego, con un valor estimado de más de 20.000 euros.

Los cuatro acusados son C. G. A., M. V. M., C. G. M. y L. G. M., de los cuales tres cuentan con antecedentes penales relacionados con delitos como hurto y conducción sin licencia.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso Europa Press, los acusados facilitaron heroína y cocaína a diversos consumidores desde su hogar en Varea. Las investigaciones de la policía indican que, entre el 28 de mayo y el 19 de julio de 2019, se contabilizaron al menos nueve visitas de personas al inmueble, coincidiendo con este último día una detención en la que se confiscó una dosis de heroína.

Asimismo, los acusados tomaron la decisión de usar un piso vecino deshabitado para guardar los productos del narcotráfico, propiedad de una mujer que había fallecido. En un registro realizado en 2019, autorizado por la heredera, se encontraron envoltorios con sustancias estupefacientes que posteriormente se identificaron como cocaína y heroína, valoradas en 20.184 euros, así como un arma corta y una pistola.

Adicionalmente, se descubrió que el hogar de los acusados carecía de suministro eléctrico debido a una deuda, pero se había hecho un enganche ilegal al contador, provocando un desfase económico que alcanzó los 1.489 euros entre agosto de 2018 y julio de 2019.

La Fiscalía ha clasificado estos actos como delitos contra la salud pública, tenencia ilegal de armas, defraudación del suministro eléctrico y pertenencia a un grupo criminal. Se propone que cada uno de los imputados cumpla una pena de 5 años por el delito contra la salud, sumando un total de 20 años para los cuatro, junto con una multa de 22.000 euros.

Además, el Ministerio Público ha solicitado otros dos años de cárcel para cada uno por tenencia ilícita de armas y pertenencia a un grupo criminal, acumulando un total de 16 años, así como seis meses de multa por la defraudación eléctrica, con una cuota diaria de 8 euros.