LOGROÑO, 18 de septiembre.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha llevado a cabo una reunión con Belinda León, quien ocupa el cargo de consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja. Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está realizando con distintas comunidades autónomas. El objetivo es establecer un marco técnico inicial para la Planificación eléctrica que culminará en el año 2030, justo antes de la apertura de la audiencia pública, donde diversos grupos e interesados podrán presentar sus alegaciones y aportaciones.

Durante la reunión, y con la participación de expertos del Gobierno regional, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, ambos lados coincidieron en que este nuevo ciclo de planificación representa una excelente oportunidad para adaptarse a las crecientes necesidades derivadas de la electrificación tanto de la economía como de la sociedad en general.

En este contexto, las administraciones han revisado las directrices fundamentales de la propuesta inicial, destacando que se incluye un conjunto de acciones significativas en las subestaciones de las redes de transporte en La Rioja. Esto tiene como finalidad mejorar la capacidad de las redes de distribución en la región y hacer frente a las nuevas demandas locales.

La propuesta de planificación a futuro ha sido formulada tomando en cuenta criterios técnicos y las sugerencias que se presentaron durante la etapa inicial de propuestas, así como las prioridades establecidas por el Ejecutivo riojano.

Esta nueva propuesta será sometida a consulta pública tras el ciclo de reuniones iniciales, y simultáneamente se llevará a cabo su evaluación ambiental estratégica, la cual también estará abierta a la participación ciudadana. El análisis de la viabilidad física, técnica y ambiental se realizará luego de recoger todas las contribuciones en esta fase de consultas, considerando siempre los principios rectores de la planificación.

El resultado de este análisis técnico será evaluado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se encargará de verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica y financiera. Con base en sus conclusiones, se redactará un documento consolidado y una declaración de evaluación ambiental que serán presentados ante el Congreso de los Diputados, antes de que sean aprobados por el Consejo de Ministros.

El 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas fundamentales de esta primera propuesta de planificación, que contempla inversiones que superan los 13.500 millones de euros. Las contribuciones recogidas durante la elaboración de la propuesta reflejan un gran interés por desarrollar diversos proyectos en España, gracias a la competitividad de los precios energéticos impulsada por la creciente incorporación de fuentes renovables al sistema eléctrico.

Desde 2020, se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos energéticos, que abarcan sectores como la industria, la vivienda, los centros de datos y los vehículos eléctricos, acumulando más de 43 GW. Esta cifra supera la demanda máxima de energía del país, que se estima en 38,2 GW para el año 2024. Durante la elaboración de esta propuesta de planificación, se han recibido aún más solicitudes de acceso a las redes.

De este modo, MITECO pretende que el aumento en la capacidad de las infraestructuras proyectado en la planificación permita llevar a cabo los mejores proyectos, aquellos que generen beneficios económicos y sociales con el mínimo impacto ambiental. Al mismo tiempo, se busca evitar que los consumidores se enfrenten a aumentos en sus facturas eléctricas relacionados con la expansión de las redes, a menos que esta se vincule a proyectos de demanda real y efectiva.

En consecuencia, tras un exhaustivo análisis de las solicitudes de acceso recibidas, la propuesta de planificación del MITECO prevé atender demandas de 27,7 GW para proyectos conectados a la red de transporte, además de habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución. Esta última cifra podría incrementarse dependiendo de cómo se configure cada caso particular.

A este volumen de capacidad, que corresponde al 85% de la demanda máxima actual, se sumará de manera progresiva la capacidad liberada cuando caduquen, a los cinco años de haberse otorgado, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para aquellos grandes proyectos que no hayan sido ejecutados.