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Martes, 27 de octubre de 2026 Edición La Rioja · Red Crónica
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Gobierno riojano atribuye el caos en Salud a la legislación estatal sobre temporalidad

El Gobierno riojano culpa a la ley estatal de temporalidad del caos en Salud. El PSOE y sindicatos denuncian desorganización en el Servicio Riojano de Salud.

Redacción · Crónica La Rioja 2 min de lectura

El Gobierno de La Rioja sostiene que la falta de estabilidad en el Servicio Riojano de Salud responde al cumplimiento de la normativa estatal sobre personal temporal. Así lo defendió el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Logroño.

Las críticas llegaron del PSOE y de varios sindicatos, que hablan de un «caos organizativo» en la sanidad pública riojana. Domínguez respondió que el Ejecutivo no entra en el debate con los partidos desde la sala de prensa institucional, aunque sí quiso fijar posición sobre el fondo de la cuestión.

El núcleo de su argumento es la limitación legal que impide al personal temporal, no fijo, permanecer más de tres años al servicio de una misma administración. Según el portavoz, esta regla obliga a perder efectivos cuando no se logra convertir una plaza en estructural, con efectos que van más allá de la sanidad y alcanzan al conjunto de los servicios públicos.

Domínguez recordó que los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas llevan tres años reclamando al Estado una modificación de esa normativa. El Gobierno regional coincide en la necesidad de reducir la temporalidad, pero reclama que se haga con cambios legales que permitan retener al personal.

Mientras tanto, el Ejecutivo riojano sostiene que puede actuar dentro de sus competencias. Como ejemplo, citó un aumento de plantilla en los últimos tres años: más médicos y enfermeras en el sistema sanitario, y más docentes en la Consejería de Educación.

El debate se sitúa, por tanto, en una tensión entre la estabilidad laboral de los empleados públicos y la capacidad de las administraciones para mantener sus servicios. La respuesta del Estado a la petición de las comunidades será clave para medir el alcance real de la reforma y su impacto en la prestación sanitaria en los próximos meses.

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