Galiana y Garrido dejan el Gobierno riojano para ir en las listas del PP al Congreso

El Gobierno de La Rioja ha aceptado las renuncias de Alberto Galiana, consejero de Educación, Formación y Empleo, y de Jesús Ángel Garrido, director general de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea. Ambos dejan sus cargos porque figuran en las listas del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez.

La salida de dos responsables de peso en la mitad de la legislatura obliga a reorganizar áreas clave del Ejecutivo autonómico. Educación y la gestión de los fondos europeos son dos de las carteras con mayor peso presupuestario y político en la comunidad.

Domínguez ha destacado el trabajo de ambos durante estos tres años como "sobresaliente". En el caso de Galiana, ha citado la mejora de la convivencia en las aulas, el refuerzo de la autoridad docente, la potenciación de lengua y matemáticas, la gratuidad de la educación desde los cero años hasta la universidad y la implantación del grado de Medicina en la Universidad de La Rioja.

En el caso de Garrido, el Gobierno le atribuye la racionalización del sistema de gobernanza de los fondos europeos, que según el propio portavoz estaba entre los peores de España en ejecución. Asimismo, se le reconoce el impulso de catorce rebajas fiscales y la deflactación de la tarifa del IRPF, que se aplicará en 2027.

El relevo en Educación recaerá en Miguel Ángel Fernández Torroba, hasta ahora viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional. Para la sustitución de Garrido, el Gobierno no ha concretado nombre y ha indicado que se informará próximamente, apoyándose en mecanismos administrativos previstos en la normativa autonómica que garantizan la continuidad del servicio.

Más allá del relevo técnico, la operación refleja la práctica habitual de utilizar la experiencia de cargos autonómicos para completar candidaturas en las elecciones generales. Queda por ver si el cambio en Educación y en Fondos Europeos altera el ritmo de ejecución de políticas prioritarias como la vivienda, los servicios sociales o la digitalización, cuyo seguimiento dependerá en buena parte de quienes asuman ahora esas responsabilidades.