El Tribunal Constitucional limita la ley del paisaje de La Rioja por conflicto competencial

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que parcialmente admite el recurso del Gobierno contra la Ley del Paisaje de La Rioja. La decisión, unánime y con el magistrado César Tolosa Tribiño como ponente, establece que algunos instrumentos de protección paisajística autonómicos no pueden afectar competencias exclusivas del Estado.

El recurso, presentado en 2026, argumentaba que ciertos mecanismos de la ley autonómica podían impedir o condicionar actuaciones del Estado en materia de protección del paisaje, lo cual contraviene la distribución de competencias en la Constitución Española. La sentencia recuerda que las administraciones deben colaborar y coordinarse en espacios compartidos, sin que una pueda obstaculizar a la otra.

El Tribunal señala que las comunidades autónomas pueden establecer niveles adicionales de protección, pero no duplicar trámites o imponer controles que solo corresponden a la normativa estatal. En este sentido, la ley riojana puede aplicar ciertos instrumentos, siempre que se interpreten en línea con la Constitución y sin afectar las competencias estatales.

Se destaca además que la inclusión del inciso "o por acuerdo del Consejo de Ministros" en uno de los artículos fue declarada inconstitucional. Este apartado, que sometía a planes y programas estatales a requisitos adicionales, vulneraba la distribución de competencias. El resto de la ley fue considerada compatible siempre que se interpretara en conformidad con la sentencia.

El fallo reafirma que la protección del paisaje es un objetivo legítimo de las comunidades autónomas. Sin embargo, recuerda que estos instrumentos no pueden condicionar o impedir el ejercicio de competencias exclusivas del Estado, garantizando así la unidad en la gestión del patrimonio natural.

Este pronunciamiento refleja la tensión política entre el Gobierno central y las comunidades en la gestión del territorio y el medio ambiente. La decisión puede abrir la puerta a futuras disputas sobre el alcance de las competencias en materia de protección del paisaje y la ordenación territorial en España.

En perspectiva, la sentencia delimita claramente las competencias, fortaleciendo la posición del Estado en ámbitos clave como la protección del paisaje. Se espera que tanto la Administración autonómica como el Gobierno ajusten sus normativas para evitar nuevos recursos de inconstitucionalidad, en un contexto de tensión entre autonomía y unidad constitucional.