En Madrid, el Tribunal Supremo está avanzando en el denominado 'caso Koldo', bajo la dirección del juez Leopoldo Puente. Este miércoles, se interrogará a un exalto cargo de Acciona y a uno de sus subordinados, en relación con las irregularidades detectadas en las licitaciones de obras públicas que la constructora habría realizado en asociación con Servinabar, una empresa que se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos acuerdos ilegales a cambio de sobornos.

Justo Vicente Pelegrini, quien ocupaba el puesto de director de Construcción de Acciona hasta el 16 de junio, fue cesado cuando se conoció un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba a varias de sus obras bajo sospecha. La relación con Servinabar llevó a la compañía a cancelar todos los contratos que mantenía con esta firma tras la revelación del informe.

Además, se espera la comparecencia de Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, directores regionales de Acciona Construcción, quienes estaban subordinados a Pelegrini. Ambos fueron suspendidos el 18 de noviembre, luego de la divulgación de un segundo informe que examina los vínculos entre Acciona, Servinabar y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Sin embargo, la declaración de García Alconchel ha sido postergada para el 15 de diciembre debido a que su abogada no pudo asistir a la cita del Tribunal, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según la investigación, Cerdán posee un 45% de Servinabar, junto a su socio Antxon Alonso y un tercer socio, identificado como Jon Aritz Santamaría, quien tiene un 4%. Esta contabilidad revela la enraizada existencia de la trama, que parece haber comenzado en 2015 con el proyecto 'Mina Muga' en Navarra.

La UCO ha indicado que tanto Acciona como Servinabar firmaron un acuerdo en 2015, poco después de la constitución de Servinabar, que les permitiría "explorar oportunidades comerciales", por el cual Servinabar recibiría un 2% de las ganancias. Este convenio fue suscrito por Pelegrini y Alonso, y la UCO detalla que la interacción entre las empresas fue mediada por Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Acciona Construcción ha rechazado las acusaciones de coimas a personas relacionadas en el caso y se reserva el derecho a tomar acciones legales si las investigaciones revelan algún tipo de daño a la empresa debido a la conducta de los implicados.

En el informe de la UCO, se menciona que Pelegrini mantenía comunicaciones frecuentes con Antxon Alonso, con reuniones que se realizaban en condiciones de discreción, incluyendo el uso de notas manuscritas para evitar ser escuchados. Las investigaciones también están centradas en otros proyectos de la UTE, incluyendo una autovía en Logroño y un puente en Sevilla, que juntos significan más de 245 millones de euros en contrataciones.

Olarte y García Alconchel han sido identificados como firmantes de los Memorandos de Entendimiento entre Acciona y Servinabar, los cuales están vinculados a las adjudicaciones en cuestión. García Alconchel también se relaciona con una obra en el puerto de Kenitra en Marruecos, donde se dio un caso particular de presión para acelerar el proyecto en medio de preocupaciones internas sobre su viabilidad.

La investigación también ha apuntado a Fernando Merino, otro exdirectivo de Acciona, con quien los investigadores creen que Cerdán tuvo una relación cercana que podría haber influido en las supuestas adjudicaciones fraudulentas. Merino es pariente de los hermanos Fernández Menéndez, quienes también se encuentran bajo la lupa investigativa.

Registros recientes en las residencias de Merino y sus cuñados, así como en las sedes de Acciona y OPR, forman parte de los operativos realizados este noviembre. Las estimaciones indican que Servinabar recibió al menos 6.707.294,67 euros de ganancias relacionadas con Acciona, representando el 75% de sus ingresos durante el periodo de la investigación.

En lo que respecta a los ingresos de fuentes externas, alcanzan 2.196.608,51 euros, lo cual se atribuye a transferencias de otras sociedades y préstamos no identificados. Sobre las salidas de dinero en términos de gastos, se han calculado aproximadamente 9.701.121,96 euros, con un predominante enfoque en pagos a individuos y distintos gastos operativos.

Finalmente, la investigación considera a Cerdán y su familia como los principales beneficiarios de esta aparente red de corrupción, mediante el acceso a nóminas, alquileres e incluso una tarjeta que ha sido utilizada en gastos superiores a 33.000 euros, añadiendo más complejidad a un escándalo que continúa en desarrollo.