LOGROÑO, 19 de junio. En el último pleno del Parlamento de La Rioja, la cuarta ley 'omnibus' promovida por el Gobierno regional ha conseguido avanzar en su proceso legislativo. Esto ocurre tras el rechazo de la enmienda de devolución presentada por Izquierda Unida, la cual aspiraba a que se analizara el texto con mayor detenimiento.

Durante el debate, las formaciones del Partido Popular y Vox se manifestaron en contra de la enmienda, mientras que el Partido Socialista optó por la abstención. Así, el proyecto legislativo, conocido como la Ley de Medidas Hacendísticas, Presupuestarias, Tributarias y Administrativas, continuará su trámite en el Legislativo.

Desde Izquierda Unida, el diputado Carlos Ollero argumentó a favor de la devolución del texto, abogando por una discusión más tranquila y reflexiva. Según él, esta ley implica una reducción de los controles en el gasto público, una mayor flexibilidad para el Gobierno, un aumento de recursos destinados a la educación privada y prioriza ciertos dogmas sobre las necesidades reales de la ciudadanía.

El diputado también criticó la urgencia en la aprobación de la norma, la cual introduce diversas medidas sin una relación aparente entre ellas, abarcando temas tan variados como la vivienda, el urbanismo o la función pública. A pesar de reconocer que se han incluido aspectos positivos, como la creación del historial social único y la ampliación de la Renta de Ciudadanía para menores bajo tutela, subrayó la falta de prioridad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Cristina Maiso, defendió esta ley como una herramienta destinada a mejorar la gestión pública, alineada con el compromiso de buen gobierno del actual equipo gubernamental. Resaltó que las leyes 'omnibus' no están prohibidas, siempre que sean coherentes y se respeten los trámites parlamentarios adecuados.

Maiso mencionó que el texto busca fortalecer la protección de los profesionales de la salud y garantizar el acceso a la Renta de Ciudadanía para mujeres víctimas de violencia de género a partir de los dieciséis años.

En contraste, el portavoz de Vox, Ángel Alda, expresó su desacuerdo con el procedimiento de tramitación urgente, argumentando que este método limita la capacidad de los demás grupos para ejercer su función de oposición. Aunque coincidió en algunos aspectos, señaló que el Gobierno ha manejado mal la situación al usar su mayoría para imponer la ley.

La socialista Sara Orradre también opinó sobre el asunto, describiendo la ley como un "cajón de sastre". Si bien reconoció que comparte algunas preocupaciones planteadas en la enmienda de Izquierda Unida, decidió rechazarla, confiando en que se podrían realizar modificaciones durante el proceso legislativo. A su juicio, el Gobierno está abusando de este tipo de leyes y adoptando un enfoque urgente sin necesidad. En su comentario final, sugirió que aunque la situación podría haber sido peor, al menos el texto no fue presentado con lectura única.