"Desafíos de los menores migrantes en 2025: Distribución entre comunidades y fallo del Tribunal Supremo sobre asilo."
MADRID, 28 de diciembre.
Durante el año 2025, la cuestión de los menores migrantes no acompañados en España ha generado un significativo interés debido a la tensión existente entre diferentes administraciones. El año se ha visto marcado por un nuevo acuerdo que establece un sistema de distribución de estos niños y adolescentes entre las comunidades autónomas. Además, el Tribunal Supremo ha instado al Gobierno central a asumir la responsabilidad de atender a estos menores que han solicitado asilo.
En marzo, el Ejecutivo logró un pacto con Junts para la redistribución de aproximadamente 4.000 menores migrantes que se hallaban en las Islas Canarias. Este acuerdo fue posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados en abril mediante un real decreto-ley, donde se registraron 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Durante las discusiones en el Congreso, el PSOE y sus aliados buscaron el consenso de los partidos en la Cámara Baja para aprobar un conjunto de medidas urgentes dirigidas a garantizar el interés superior de la infancia ante las circunstancias extraordinarias de migraciones. Este decreto modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería y estableció los criterios para la distribución de los menores entre las distintas autonomías.
Asimismo, en agosto, el Consejo de Ministros ratificó un real decreto que define la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores no acompañados en cada comunidad. Según este documento, la media nacional sitúa la capacidad de acogida en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Con la aprobación del decreto, se señala que aquellas comunidades que tripliquen su capacidad de acogida se clasificarán como en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará los procedimientos de traslado establecidos.
En cuanto a la capacidad de acogida, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid lideran la lista con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas, respectivamente, siendo las comunidades con mayor capacidad.
Desglosando la capacidad por regiones, Aragón puede acoger a 441 menores, Asturias a 331, Islas Baleares a 406, Canarias a 737, Cantabria a 194, Castilla y León a 783, Castilla-La Mancha a 692, Extremadura a 344, Galicia a 886, Murcia a 517, Navarra a 223, País Vasco a 731, La Rioja a 107, Ceuta a 27 y Melilla a 28.
En marzo, el Tribunal Supremo exigió al Gobierno que se responsabilizara de alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias, un requerimiento reiterado en varias ocasiones a lo largo del año, incluyendo un ultimátum en octubre.
A pesar de la presión judicial, el Gobierno anunció el 21 de noviembre que había ofrecido 817 plazas, considerando así que había cumplido con lo demandado por el Tribunal Supremo al término del plazo dado.
En diciembre, el Alto Tribunal volvió a requerir al Gobierno para que asumiera la responsabilidad de los menores migrantes en Madrid, otorgándole un plazo de 30 días conforme a un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La orden subraya que las acciones deben regirse por el principio del interés superior del menor y exige que el Gobierno presente un informe al Tribunal al finalizar el plazo mensual respecto a los avances en la materia.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha elevado un recurso contencioso-administrativo tras la negativa del Gobierno a cumplir con sus solicitudes anteriores y ha solicitado medidas cautelares que ahora han sido aceptadas.
Finalmente, la Real Academia Española (RAE) ha dado un paso controvertido al incluir en su diccionario el uso peyorativo del acrónimo 'mena' para referirse a estos menores. A pesar de que esta inclusión ya había sido previamente discutida, ha suscitado un intenso debate en el ámbito público al cierre del año.
Los secretarios de Estado de Migraciones y Juventud han expresado su preocupación por la deshumanización que puede conllevar este término y han enfatizado que la RAE debería ser más cuidadosa, aunque reconocen que su labor es simplemente reflejar el uso de la lengua en la sociedad. Las ONG también han manifestado su inquietud ante esta incorporación en el diccionario.
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