LOGROÑO, 28 de abril. La esperada audiencia judicial que tenía lugar hasta el 30 de abril para abordar el caso de una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de drogas en La Rioja y Madrid ha sido aplazada. La suspensión se produjo debido a la falta de un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que el nuevo juicio ha sido programado para el 21 al 23 de julio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

La Fiscalía había solicitado una condena total de 40 años de prisión, repartidos en 10 años para cada uno de los cuatro acusados, a quienes se les imputa un delito grave contra la salud pública por operar como parte de una organización criminal con una infraestructura logísticamente robusta para la producción de drogas. Además, el Ministerio Público demanda el pago de una multa de 1,7 millones de euros como indemnización por los daños causados.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, la investigación, que se desarrolló en coordinación con diversas fuerzas policiales, reveló que desde octubre de 2022 los acusados formaban parte de una red criminal responsable de la producción, distribución y venta de sustancias como speed, ketamina, MDMA y cocaína en las comunidades de La Rioja y Madrid.

Para perpetrar sus actividades delictivas, los implicados utilizaban varias viviendas situadas en distintas localidades de La Rioja, como Agoncillo y Arrúbal, así como en Leganés, Madrid. Cada lugar tenía una función específica; por ejemplo, en la vivienda de Arrúbal, operaba un laboratorio de drogas sintéticas dedicado principalmente a la producción de speed, al tiempo que contaban con un espacio en Leganés para la extracción de cocaína.

El seguimiento y las actividades de vigilancia realizadas por los agentes involucrados pusieron de manifiesto el funcionamiento interno de esta organización delictiva. Un ejemplo de ello es uno de los acusados que se desplazaba desde Leganés a La Rioja para colaborar en la producción de speed, lo cual estaba destinado a su venta en ambas provincias.

Adicionalmente, los informes apuntan que en Leganés también había un domicilio donde se proveían de cocaína para sus operaciones. El Ministerio Público ha facilitado un relato detallado sobre cómo uno de los acusados adquiría materiales necesarios para la producción de drogas, acudiendo incluso a ferreterías para comprar elementos como cubos grandes, embudos y jeringuillas, que luego eran transportados a diferentes inmuebles.

Tras compilar suficiente evidencia, las autoridades solicitaron realizar registros en las diversas viviendas asociadas a los acusados. En el caso del domicilio de Agoncillo, las fuerzas del orden encontraron armas como un revólver y un machete, así como dinero. En el laboratorio de Arrúbal, se hallaron todos los utensilios necesarios para la fabricación de sulfato de anfetamina, revelando la magnitud de sus operaciones.

Durante estas inspecciones, los agentes descubrieron un arcón congelador que contenía 33 paquetes de una sustancia que resultó ser anfetamina, así como otros químicos y herramientas que corroboraban la actividad ilícita del laboratorio. También se recuperaron moldes de acero, prensas hidráulicas y otros utensilios de empaque, evidenciando que las actividades de producción estaban en pleno funcionamiento.

El material confiscado en las diferentes propiedades tiene un valor estimado en el mercado negro de aproximadamente 898.053,17 euros. Como resultado de estos operativos, los cuatro acusados fueron arrestados y están bajo custodia judicial. Desde el 12 de febrero de 2023, tres de ellos permanecen en prisión preventiva.

El Fiscal sostiene que las acciones de esta organización constituyen un delito contra la salud pública por la grave amenaza que representan para la sociedad, con una cantidad notablemente significativa de sustancias. Por lo tanto, se propone una pena de 10 años de cárcel y una considerable multa de 1,7 millones de euros, duplicando así el valor de las drogas que fueron incautadas.