LOGROÑO, 24 Noviembre.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto de manifiesto una situación alarmante: el 20% de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) conoce al menos a una mujer que ha sido víctima de violencia de género en su entorno laboral. Esta información, obtenida de una encuesta aleatoria a 1.000 personas de diversos sectores de la AGE, destaca una problemática que, según el sindicato, ha sido desatendida en una de las entidades más importantes del país.

El sindicato sostiene que estos hallazgos deberían marcar un antes y un después, motivando la creación de investigaciones más exhaustivas que sirvan como referencia en el combate contra esta grave problemática social y laboral. Se estima que numerosas funcionarias y trabajadoras están sufriendo en silencio situaciones de violencia de género dentro de esta administración.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CSIF ha indicado que la Administración no puede permanecer indiferente ante esta realidad y debe implementar medidas urgentes, concretas y sistemáticas para abordar un desafío que impacta en la salud y en la conciliación laboral de miles de empleados públicos.

Además, la organización sindical ha demandado la creación de un delegado o delegada sindical especializado en igualdad y en la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de prevenir y gestionar la violencia machista en el ámbito laboral. Esta figura sería capacitada para identificar casos, canalizar problemas y proporcionar apoyo a las trabajadoras afectadas. También han exigido un aumento en la dotación de personal especializado en los juzgados, de modo que se garantice una tramitación efectiva de los procesos legales en estos casos, evitando así que las víctimas queden desprotegidas.

Los resultados de la encuesta son igualmente preocupantes: más del 80% de los trabajadores de la AGE no están al tanto de que existe un protocolo de actuación para víctimas de violencia de género en su lugar de trabajo. Esto pone en evidencia un claro déficit en la formación, divulgación y aplicación real de las medidas existentes, entre las cuales se incluye el IV Plan de Igualdad que ha sido acordado con CSIF.

Asimismo, un 89% de los encuestados opina que la Administración debe intensificar la formación del personal para que puedan identificar y actuar ante situaciones de violencia machista, con el fin de cerrar el vacío evidente que existe en este ámbito laboral.

Los datos revelan un profundo problema en la Administración, ya que solo el 18% de los trabajadores opinan que las medidas actuales de protección y apoyo para mujeres víctimas de violencia de género son adecuadas. La mayoría, un 66%, reclama la implementación de protocolos y medidas más específicas que protejan y apoyen a las trabajadoras víctimas en sus lugares de trabajo, como movilidad, reserva de puesto, flexibilidad laboral o atención psicológica.

Otro aspecto relevante es la brecha salarial de género en las administraciones públicas, donde las mujeres ganan un 10% menos que sus colegas masculinos. CSIF ha señalado que, como parte del Plan de Igualdad, se ha acordado auditar los salarios para eliminar estas disparidades.

La encuesta también mostró que el 47% de las mujeres piensa que su condición de mujer afecta negativamente a sus posibilidades de promoción y desarrollo profesional. En contraste, solo el 34% de las respuestas positivas proviene de hombres.

Ante esta situación, el sindicato exige medidas concretas para prevenir y reparar la violencia de género, resaltando que este problema trasciende lo individual o familiar, considerándolo como una cuestión estructural que afecta a toda la sociedad, un sentimiento compartido por el 85% de los encuestados.

En el contexto de las recientes negociaciones con el Ministerio de Función Pública, CSIF está trabajando en medidas que promuevan la igualdad y eviten la discriminación, que incluyen la publicación de planes de igualdad, protocolos contra el acoso y la implementación de acciones para cerrar la brecha de género.

Además, el sindicato ha enfatizado la importancia de incluir en las regulaciones laborales la protección específica para víctimas de violencia de género, mediante la figura del delegado especializado y medidas que no sólo garanticen la confidencialidad y protección, sino que también favorezcan la recuperación de estas víctimas. También muestran su apoyo a la creación de entornos laborales seguros e inclusivos para las personas LGTBI+.

La violencia de género en España se ha convertido en un fenómeno irreversible, como lo evidencian las 38 mujeres y 3 menores asesinados hasta ahora en lo que va de año, según datos del 23 de noviembre de 2023. Esta devastadora estadística subraya la necesidad imperiosa de un compromiso decidido por parte de la sociedad, las instituciones y los partidos políticos, así como un fortalecimiento de la política de "tolerancia cero" hacia cualquier forma de agresión.