LOGROÑO, 12 de septiembre. En un contundente pronunciamiento, las tres agrupaciones que conforman la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la región de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, a saber, UAGA de Álava, UAGR de La Rioja y EHNE de País Vasco y Navarra, han alzado la voz para expresar su preocupación ante lo que consideran un claro abuso por parte de las bodegas hacia los viticultores. Según denuncian, las autoridades parecen ignorar esta situación crítica.

En un comunicado divulgado por los sindicatos, se destaca que hasta el inicio de la vendimia, las bodegas no han proporcionado los contratos a los viticultores, lo que ha limitado su capacidad de negociación y representa un evidente abuso de poder en el mercado. Este silencio contractual, según los sindicatos, exacerba la ya precaria situación económica de los trabajadores del campo.

Asimismo, han detallado que los contratos ofrecidos son desproporcionadamente bajos, por debajo de lo que realmente supone el coste de producción, y esta realidad se ve agravada por la escasez de uva en las viñas y el incremento de los gastos durante la campaña. Según aseguran, esta situación contraviene las normativas vigentes que regulan la cadena alimentaria.

Los sindicatos han denunciado directamente a las administraciones públicas responsables de vigilar el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, acusándolas de hacer caso omiso a las irregularidades manifiestas y de permitir que se perpetúen abusos en un sector vital para la economía local.

“Aunque estos vinos son promovidos como productos de alta calidad, en el fondo son elaboraciones realizadas con uvas a las que se les ha pagado muy por debajo de su costo, lo que deja a los productores en una situación insostenible,” han expresado. Los viticultores se ven obligados a trabajar en condiciones que los empujan al límite, sin posibilidades de subsistir de su labor.

Los representantes de estas organizaciones han subrayado que si un funcionario de cualquier ámbito civil observa una ilegalidad y no actúa para prevenirla, podría ser acusado de incumplimiento de sus deberes oficiales. Esta es la situación que impera actualmente en el sector vitivinícola de la DOCa, según denuncian.

“Después de cinco campañas en las que los viticultores han recibido pagos al borde o por debajo de sus costes de producción, y tras dos años de cosechas decepcionantes, no parece que las grandes bodegas, que tienen el control de los precios en el mercado, vayan a cambiar su actitud. En lugar de ello, continúan con prácticas que obligan a los viticultores a aceptar contratos que son económicamente inviables, contraviniendo la legislación vigente,” han afirmado con vehemencia.

Ante esta alarmante situación, las tres organizaciones no solo han presentado su queja, sino que también han exigido a las administraciones que cumplan con su obligación de velar por los derechos de los agricultores y actúen en consecuencia.