Crónica La Rioja.

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ARAG-ASAJA advierte sobre la competencia desleal de productos saharauis ante la modificación del acuerdo UE-Marruecos.

ARAG-ASAJA advierte sobre la competencia desleal de productos saharauis ante la modificación del acuerdo UE-Marruecos.

LOGROÑO, 26 de septiembre.

La organización agraria ARAG-ASAJA ha expresado su preocupación el día de hoy al señalar lo que consideran una nueva falta de lealtad por parte de la Unión Europea hacia el sector agrícola europeo. En un comunicado emitido, la agrupación denuncia la reciente modificación de los protocolos del acuerdo entre Europa y Marruecos, que facilita la importación de productos del Sáhara Occidental bajo la etiqueta de origen marroquí.

Según lo indicado por ARAG, esta decisión viola la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitida el 4 de octubre de 2024, que establece claramente que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos. Además, cualquier tratado relacionado con sus recursos naturales debe contar con la aprobación de su población, representada por el Frente Polisario.

La organización advierte que esta es una “trampa legal” que permitirá que los productos del Sáhara Occidental ingresen al mercado europeo con normativas de producción considerablemente más flexibles que las exigidas a los agricultores europeos. Elementos como menores costos laborales, regulaciones fitosanitarias más laxas y beneficios fiscales crearán un ambiente de competencia desleal que afectará aún más a los productores locales.

Asimismo, subrayan que la sentencia del tribunal obliga a que productos tales como los tomates cherry y los melones cosechados en el Sáhara Occidental no se etiqueten erróneamente como productos de Marruecos. Esto garantiza la transparencia en la comercialización, permitiendo a los consumidores conocer el verdadero origen de los productos que adquieren.

Por esta razón, ARAG-ASAJA solicita la anulación inmediata de este acuerdo y una revisión exhaustiva de las condiciones de importación para salvaguardar las producciones europeas ante estas prácticas desiguales. Concluyen afirmando que tanto los agricultores como los ciudadanos europeos merecen instituciones que protejan sus intereses y garanticen su seguridad alimentaria.