Este martes, 24 de junio, se llevará a cabo un juicio en la Audiencia Provincial que promete captar la atención del público. Se trata de un caso que involucra a dos abogados acusados de ser responsables de varios delitos graves, incluyendo estafa y deslealtad profesional.

De acuerdo con la Fiscalía, la pena solicitada para los letrados J.P.P. y A.G.R. asciende a cinco años de prisión. Además, se busca inhabilitarlos para el ejercicio de su profesión debido a la gravedad de sus acciones, que van en contra de la ética y los principios que guían la abogacía.

Los abogados en cuestión, quienes trabajaban en el mismo despacho, habrían aprovechado la vulnerabilidad de al menos dos de sus clientes. Según el escrito presentado, uno de estos clientes acudió a ellos en busca de asesoría legal relacionada con un caso de apropiación indebida y recibió recomendaciones para llegar a un acuerdo con el Fiscal. Esta estrategia, sostenía la Fiscalía, estaba motivada por un deseo de lucro ilícito.

Se alega que, en el contexto de este entorno legal, los abogados manifestaron que era necesario que el cliente depositara una suma considerable de dinero para negociar una pena más benigna. Concretamente, uno de los acusados sugirió que se realizaran transferencias por 56.000 euros y pagos en efectivo por 9.000 euros adicionales que serían entregados 'bajo mano' al Fiscal, insinuando que esto facilitaría un arreglo favorable para su cliente.

El cliente, guardando pruebas de estas conversaciones, mostró reticencia a la hora de hacer el pago, lo que llevó a los abogados a afirmar que existía un alto número de acuerdos que se podían alcanzar de esta manera. A pesar de la presión, finalmente decidió no seguir adelante con la entrega del dinero.

Un segundo cliente se vio envuelto en una situación parecida, donde uno de los abogados alegó tener una relación cercana con el Fiscal Jefe, sugiriendo un pago inmediato de 14.000 euros. Al solicitar un comprobante, el abogado desestimó la necesidad, indicando que la cantidad involucraba un 'regalo' para facilitar las negociaciones.

A pesar de estos intentos de manipulación, el segundo cliente terminó pagando la cantidad solicitada, convencido por la promesa de un acuerdo beneficioso tras múltiples visitas a los juzgados. Sin embargo, la Fiscalía ahora sostiene que estos actos constituyen delitos continuados de estafa y deslealtad profesional, así como calumnias.

Se espera que durante el juicio se examinen en profundidad las conductas de los acusados. La Fiscalía reclama, por los cargos de estafa, una pena de dos años y seis meses de prisión, además de una multa de 18 meses por deslealtad profesional y otra de 12 meses por calumnias, junto con responsabilidades civiles ante el cliente que fue estafado.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre el comportamiento de los abogados y la protección de los derechos de los clientes en el ámbito judicial, en un momento en que la confianza en el sistema legal es más crucial que nunca.