LOGROÑO, 15 de diciembre.

La Fiscalía ha presentado una solicitud que pide la imposición de cinco años y medio de prisión para una mujer acusada de cometer dos delitos graves: apropiación indebida y estafa continuada. Esta demanda surge tras la revelación de que, durante un período prolongado, se apropió de fondos que le pertenecían a la agencia de viajes en la que estaba empleada, e incluso llegó a simular inversiones en otra empresa.

El juicio está programado para este lunes en la Audiencia Provincial de Logroño. Según el relato presentado por el fiscal, la acusada, identificada como S. P., es de origen pakistaní y fue contratada en junio de 2013 por la agencia Huma Travel S.L., cuyo propietario es H.J.B. y su esposo, con sede en la calle Logroño.

Durante el desempeño de sus funciones, y específicamente entre 2016 y marzo de 2017, S. P. tomó decisiones intencionadas desde su puesto en la agencia para apropiarse de sumas significativas de dinero por diversas vías.

Entre las tácticas utilizadas, el fiscal destaca que uno de los métodos consistía en quedarse con el dinero entregado por los clientes para la adquisición de billetes de transporte, predominantemente pasajes aéreos.

La acusada manejaba el dinero de diferentes formas: en ocasiones recibía el efectivo de los clientes directamente, mientras que en otros casos, les solicitaba que hicieran transferencias a su cuenta personal, de donde posteriormente desviaba los fondos hacia otras cuentas, ya sean suyas o de familiares. En ambos casos, el dinero no era utilizado para la compra de los billetes.

Adicionalmente, se apoderó de dinero que estaba en la caja de la agencia, procedente de clientes a quienes sí se les había vendido el paquete turístico o el billete. La acusada se quedó con esos ingresos sin ingresarlos en la empresa para la que trabajaba.

En total, se estima que la agencia de viajes ha sufrido un perjuicio de 46.220 euros, además de otros 7.070 euros que son reclamados por hasta 17 clientes; la agencia no ha indemnizado a los reclamantes, argumentando insuficiencia de pruebas. También se menciona que la agencia ha sido la principal víctima, ya que ha tenido que compensar a muchas personas afectadas, hasta 16, aparte de haber sufrido pérdidas adicionales por el dinero que fue sustraído.

En este sentido, es importante señalar que las tres cuentas bancarias de la acusada —dos en La Caixa y otra en el Banco de Sabadell— registraron ingresos en el período de octubre de 2016 a abril de 2017 que alcanzan la suma total de 90.890 euros, sin contabilizar los ingresos salariales, la mayoría provenientes de los fondos que fueron malversados.

Por otra parte, en un movimiento más puntual durante este mismo tiempo, la acusada contactó con dos socios de la empresa Kebabash 2016.

Bajo un engañoso pretexto, les solicitó dinero con la promesa de emprender negocios que jamás existieron, lo que le permitió recibir transferencias bancarias que suman alrededor de 21.100 euros, incluyendo una transferencia significativa de 15.000 euros que recibió de un socio desde Mälmoe, Suecia, más otros quanitativos adicionales entregados por uno de los socios.

El documento del fiscal también indica que la acusada, a principios de marzo de 2017, fue sometida a un tratamiento por ansiedad debido a problemas laborales y personales que la condujeron al juego y a inversiones en líneas bursátiles como un medio de evasión, llegando a invertir hasta 61.000 euros.

El 20 de marzo de 2017, requirió un ingreso en una institución psiquiátrica por un episodio psicótico agudo, lo que se repitió el 5 de julio por un episodio depresivo postpsicótico.

Todas estas acciones han configurado, para la acusación, un delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado de estafa, en los cuales la acusada es identificada como responsable. En este caso, se ha considerado un atenuante de "anomalía o alteración psíquica".

En base a ello, se propone que a la acusada se le imponga una pena de tres años y seis meses de cárcel por el delito de apropiación indebida, complementada con otros dos años de prisión por el delito de estafa. Además, se plantea que se determinen diversas indemnizaciones para aquellos perjudicados que aún no han recibido compensación por parte de la agencia de viajes.