El juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de La Rioja gira en torno a una organización criminal dedicada a la producción y distribución de drogas. De los cuatro imputados, tres han optado por aceptar un acuerdo de conformidad, mientras que uno de ellos mantiene su inocencia y busca que se declare nula la acusación en su contra por razones legales.

En el marco de este proceso, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha señalado que se seguirá con la audiencia, programada para continuar este martes, debido a la resistencia de uno de los acusados a reconocer los hechos que se le imputan, lo que ha llevado a su defensa a solicitar la invalidez de las acciones judiciales hasta ese momento.

La defensa argumenta una posible violación de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio, sustentando su postura en que las fuerzas del orden llevaron a cabo registros sin la debida autorización o justificación previa en la investigación. Este punto será objeto de análisis por parte del tribunal antes de emitir su fallo.

Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado un total de 40 años de prisión, distribuidos en 10 años a cada uno de los cuatro acusados por su supuesta participación en una red criminal que operaba tanto en La Rioja como en Madrid. Este juicio se da tras un intento fallido de llegar a un acuerdo hace unos meses.

La acusación fundamenta su requerimiento en que la organización contaba con un aparato logístico significativo, con varias localizaciones dedicadas a la elaboración y venta de drogas, así como un volumen notable de actividad delictiva que incluye la producción de sustancias como speed, MDMA, cocaína y ketamina.

Los acusados operaban desde varios domicilios en localidades de La Rioja y también en Leganés, donde las investigaciones revelaron la existencia de laboratorios dedicados a la producción de estas sustancias. Este operativo criminal abarcaba distintos roles dentro de la estructura, facilitando la distribución de los estupefacientes en varias regiones.

Las indagaciones realizadas por diversos cuerpos de seguridad llevaron a descubrir elementos que evidencian la criminalidad del grupo, incluyendo materiales y herramientas usados en la fabricación de drogas. Uno de los acusados llevó a cabo viajes interprovinciales para colaborar en la producción de speed, lo que resalta la colaboración y la logística compleja detrás de esta organización.

Las actuaciones de vigilancia también revelaron que se encontró un amplio arsenal de productos, herramientas y sustancias durante los registros en las propiedades de los acusados, elementos que apuntan a la existencia de un laboratorio preparado para la producción de narcóticos.

La magnitud de las drogas confiscadas, que podrían haber generado un beneficio de casi 900.000 euros en el mercado negro, subraya la gravedad del caso. A raíz de estas operaciones, los cuatro individuos fueron arrestados y rematados ante la justicia, con tres de ellos en prisión preventiva desde hace varios meses.

El Fiscal mantiene que se trata de un delito grave contra la salud pública, al tratarse de una operación de gran envergadura y con un impacto considerable en la sociedad. Con base en esto, solicita la imposición de severas sanciones, tanto en forma de prisión como de multas económicas, para desincentivar este tipo de actividades ilícitas.