LOGROÑO, 2 de febrero.

En un reciente comunicado, el diputado del Partido Socialista, Miguel González de Legarra, ha denunciado lo que considera ser "irregularidades" en la contratación de al menos tres personas en la Fundación para la Transformación de La Rioja. Según su denuncia, estos procesos de selección están lejos de la legalidad y las normas internas de la entidad, generando dudas sobre posibles "intereses personales" y la creación de "redes clientelares".

González de Legarra exige que se proporcionen "documentos y responsabilidades" al Parlamento, pidiendo la entrega urgente de toda la documentación relacionada con estos nombramientos. Solicita que dicha información se comparta de manera completa, incluyendo memorias, evaluaciones y programas exigidos por la ley, así como la depuración de responsabilidades dentro del patronato de la Fundación.

Entre los casos mencionados por el diputado se encuentran el del director gerente de la Fundación, Arturo Colina; el responsable de Turismo y Patrimonio Cultural, Francisco Burgos; y Manuel Amutio, quien se encarga de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías, además de ser nombrado director del CNIE.

En apariciones previas, González de Legarra ya había criticado la falta de transparencia y de cumplimiento normativo por parte de la Fundación, señalando el abuso de contratos menores y los escasos resultados obtenidos tras más de dos años de gestión por el presidente Gonzalo Capellán. Esta reciente denuncia añade una nueva dimensión a los problemas de la entidad, centrados en las contrataciones.

El diputado del PSOE sostiene que "con datos concretos y normativas claras" puede demostrar que ciertos nombramientos se han llevado a cabo "sin respetar los principios de mérito, capacidad y publicidad que son fundamentales en el sector público". A su juicio, lo que están presenciando no puede ser considerado como un simple error, sino como decisiones deliberadas que han escapado a la legalidad y a las pautas internas de funcionamiento de la Fundación.

En particular, González de Legarra se refiere al nombramiento del director gerente, Arturo Colina, realizado el 4 de agosto de 2023 por el patronato. Tal designación se llevó a cabo sin convocatoria pública y sin los procedimientos adecuados, incumpliendo así las normas establecidas en la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que exige que estos procesos sean transparentes y competitivos.

El artículo 10 de esta ley es claro en la necesidad de que los puestos directivos se asignen mediante procesos públicos y criterios de competencia, lo que, según González de Legarra, no ocurrió en este caso. Se sugiere que la conexión personal entre Colina y el vicepresidente del patronato podría haber influido en su contratación, dada la inexistencia de los pasos estipulados para garantizar la igualdad de oportunidades.

Las irregularidades no se limitan a esta contratación, según el PSOE. La selección de los responsables de Transformación Digital y de Turismo y Patrimonio Cultural también fue señalada por el diputado como inadecuada, alegando que no se respetaron los procedimientos legales, ni siquiera las normativas internas de la Fundación.

La crítica se centra en que en ambos procesos no se identificaron correctamente los puestos a ocupar, y las ofertas no se enviaron al servicio de empleo regional como se había hecho en ocasiones anteriores. Esto contradice el protocolo de selección personal vigente, que exigía al menos tres candidatos para cada posición, y se presentó un reducido número de aspirantes en un tiempo limitado.

El PSOE recalca que se modificaron las normativas internas después de estas contrataciones, lo que alimenta las sospechas de que las plazas estaban comprometidas desde el principio, tratando de ocultar las irregularidades que se cometieron.

Además, la labor de selección del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural se torna más preocupante a raíz de la participación activa del propio director gerente en el proceso, a pesar de que existían motivos claros para que se abstuviese, dado el vínculo personal con uno de los aspirantes.

Francisco Burgos, quien fue finalmente elegido para el cargo, había trabajado anteriormente en la Fundación Caja Rioja, donde Arturo Colina también había ocupado puestos de liderazgo. Esta relación plantea un evidente conflicto de intereses que debería haber invalidado la participación de Colina.

Las irregularidades se extienden aún más al caso del nombramiento del director del Centro Nacional de Industrias del Español, donde se repite la asignación directa a Manuel Amutio, antes contratado como responsable de Transformación Digital. Desde el Partido Popular, se critica un modelo de gestión que ignora la legalidad y los requerimientos de transparencia, describiendo la actuación del Gobierno de Gonzalo Capellán como un uso indebido de una fundación pública.

Al final, el PP señala la necesidad de encontrar responsables claros en esta situación, comenzando por el propio presidente regional, Gonzalo Capellán, y los vicepresidentes, incluyendo al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Industria, Belinda León. Se pide la destitución de quienes no están capacitados para dirigir los asuntos de esta Fundación.