LOGROÑO, 30 de enero.

En un acto celebrado en la sede del Partido Popular (PP) de La Rioja, el diputado nacional Luis Martínez Portillo ha puesto de relieve la urgencia de implementar una reducción de impuestos relacionados con la vivienda, así como de eliminar cargas fiscales y burocráticas. Entre las iniciativas más destacadas, enfatizó la necesidad de aprobar en el Congreso una legislación que combata la ocupación ilegal, medidas que considera fundamentales para abordar el "serio problema de vivienda que enfrenta nuestro país".

En su intervención, Martínez Portillo desmenuzó los elementos del Plan Integral de Vivienda, presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de solucionar el déficit habitacional en España que, a su juicio, ha sido agravado por políticas socialistas ineficaces.

El senador riojano no escatimó en críticas hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que se encuentra más centrado en hacer frente a escándalos de corrupción y en mantener su poder a expensas de los recursos públicos, que en atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos españoles.

Martínez Portillo recordó que, antes de la llegada de Sánchez al poder, la vivienda ocupaba un modesto puesto 16 en la lista de preocupaciones de los españoles; en la actualidad, destaca como la principal inquietud. Al respecto, subrayó que al presidente no parecen importarle ni la vivienda, ni el sistema de salud, ni la seguridad ferroviaria.

Para el PP, ofrecer alternativas concretas es crucial. En contraposición a las políticas intervencionistas del Gobierno actual, que no cuenta con el respaldo suficiente ni en el Congreso ni en su propia coalición, el PP proyecta soluciones efectivas, según reiteró Portillo.

Núñez Feijóo propone respuestas viables, declaró Portillo, quien explicó que "hablar de vivienda es hablar de la posibilidad de crear un hogar y formar una familia". A su juicio, el acceso a una vivienda digna es un asunto que trasciende las fronteras políticas.

El Plan Integral de Vivienda del PP identifica claramente los problemas que afectan a la ciudadanía: la falta de viviendas, la presión fiscal, la inseguridad jurídica y la concentración de la demanda en áreas específicas acompañado de la precariedad salarial.

Martínez Portillo enfatizó que es imprescindible abordar estos desafíos, destacando que existen 700.000 viviendas en déficit en España, a pesar de las promesas incumplidas de Sánchez de facilitar la construcción de 180.000 viviendas que no resolverían la situación.

Argumentó que la construcción de más viviendas no solo daría respuesta a la necesidad habitacional, sino que también generaría miles de empleos, mejorando así los servicios públicos disponibles.

En cuanto a las medidas propuestas para disminuir la carga burocrática, citó la posibilidad de implementar el 'Silencio Positivo' y abogó por la reducción de plazos en la construcción de edificios. También indicó el interés del PP en aumentar el suelo público, fomentar la regeneración urbana y acortar el tiempo de construcción de diez a cuatro años mediante una nueva Ley de Suelo que involucre a todas las administraciones.

El senador subrayó que las propuestas del PP delinean una gestión del dinero público muy distinta a la actual, destacando la necesidad de reducir impuestos sobre la vivienda y de facilitar el acceso a jóvenes mediante el pago a plazos.

Referente a la problemática de la ocupación ilegal, el PP espera que se avance hacia la aprobación de la Ley contra la Okupación Ilegal, que busca endurecer las penalizaciones para quienes ocupan propiedades sin consentimiento.

Además, observó que el poder adquisitivo de los españoles desciende constantemente, con el aumento en los precios de los productos básicos y de la vivienda, lo que exige un aumento en los salarios, dado que España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de empleados en riesgo de exclusión social.

En conclusión, Martínez Portillo indicó que las propuestas del PP son diametralmente opuestas a las del Gobierno de Pedro Sánchez, enfocándose en la simplificación de procesos para la construcción de viviendas y en la aplicación de un silencio administrativo positivo de 90 días.

Promovieron también el uso ágil del suelo disponible, sugiriendo una reducción del 30% sobre el precio medio del mercado, e implemetación de flexibilidad en proyectos de regeneración urbana.

El plan incluye la creación de un "Plan Residencial Estratégico" que busca reducir los plazos de construcción y fomenta la colaboración entre el sector público y privado.

Entre las propuestas adicionales destacan una Ley de Suelo que garantice la seguridad jurídica de los planes urbanísticos, así como el incremento de financiación para comunidades autónomas que faciliten iniciativas de construcción de viviendas.

El uso de remanentes de los ayuntamientos en políticas de vivienda, la promoción de la innovación para acelerar el proceso constructivo, y un plan específico de formación y empleo también figuran en la agenda del PP, además de la propuesta de bajar el IVA al 4% para jóvenes que adquieren vivienda nueva y ofrecer bonificaciones fiscales en el IRPF.

Finalmente, Martínez Portillo abogó por establecer un marco legal que permita desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas, reforzando así la protección de la propiedad privada y brindando apoyo a las familias vulnerables en lugar de favorecer a quienes infringen la ley.