Ollero (IU) insta al Ejecutivo riojano a organizar y normar la creación de plantas de biometano y biogás.
LOGROÑO, 16 de septiembre.
El representante de Izquierda Unida en el Parlamento regional, Carlos Ollero, ha instado al Gobierno de La Rioja a tomar medidas para ordenar y regular la instalación de plantas de biometano y biogás. Esta solicitud surge ante la creciente preocupación por la cantidad de proyectos de este tipo que están proliferando en la comunidad y en las regiones adyacentes.
Ollero ha subrayado la urgencia de que el Ejecutivo regional actué y no ignore la situación: "Es fundamental abordar el problema ahora, antes de que se generen consecuencias que puedan dañar de forma irreversible a nuestra comunidad", ha advertido.
El diputado ha mencionado la existencia de cinco proyectos en distintas localidades de La Rioja, como Sorzano, Hervías, Valverde, Pradejón y Sotés, a la vez que ha señalado que otros dos han sido rechazados por los respectivos ayuntamientos en Autol y Alfaro, así como otros en localidades de Navarra cercanas a La Rioja, como Viana y Sesma.
Ollero ha señalado que se está generando una considerable preocupación social en torno a la instalación de estas plantas, comparable a la tensión que se vivió anteriormente con la instalación de parques eólicos o líneas de alta tensión.
El próximo jueves, Ollero planea defender mediante una Proposición No de Ley que no se opongan de manera absoluta a estas instalaciones, reconociendo sus aspectos positivos, como la producción de energías renovables y la gestión sostenible de residuos orgánicos. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de evaluar adecuadamente los riesgos asociados y establecer un marco normativo claro para su desarrollo.
El diputado ha insistido en que cualquier proyecto relacionado con estas plantas debe ser inscrito dentro de un enfoque de sostenibilidad ambiental, justicia social y equilibrio territorial. Para ello, propondrá que se fije una distancia mínima de dos kilómetros de las plantas a núcleos urbanos, y de tres kilómetros en el caso de residuos animales.
Además, Ollero ha exigido una evaluación ambiental exhaustiva y una activa participación ciudadana en el proceso de decisión sobre la instalación de estas plantas en localidades específicas.
Por último, ha señalado que se propondrán medidas para asegurar que los beneficios económicos se reinviertan en los municipios afectados, como incentivos fiscales, así como la imposición de límites técnicos a los olores que puedan afectar a las zonas urbanas. También se planteará la posibilidad de establecer una moratoria cautelar, similar a la que se implementó para los parques eólicos, hasta que no se implemente una normativa adecuada.