Los médicos de toda España se preparan para llevar a cabo una huelga nacional que tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre. Además, si no se llegan a acuerdos satisfactorios, se prevé una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero.

En Madrid y Logroño, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico de La Rioja, han organizado este movimiento como respuesta al nuevo Estatuto Marco para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad, el cual ha generado un amplio descontento entre los profesionales sanitarios.

Las negociaciones, que han durado casi tres años y han incluido más de 60 reuniones, no han logrado un consenso que satisfaga a todas las partes sobre un documento vigente desde 2003. Esta situación ha llevado a los médicos a sentirse ignorados y ante la necesidad de alzar la voz para defender sus derechos.

Las manifestaciones, que se realizarán en todas las comunidades autónomas, comenzarán en Madrid el 9 de diciembre. La primera de estas concentraciones partirá a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados rumbo al Ministerio de Sanidad, un acto destinado a captar la atención sobre sus reivindicaciones.

Entre los puntos más destacados en su lista de demandas, se encuentra la exigencia de un Estatuto Marco específico para los médicos, ya que consideran que el documento actual exclusivo del Ministerio no aborda adecuadamente sus necesidades, subrayando la importancia de contar con interlocutores propios ante la administración.

Asimismo, los médicos critican la clasificación de los grupos profesionales presentada por el Ministerio, que a su juicio no reconoce adecuadamente la formación y responsabilidad de los distintos grupos de titulados, dejando en el aire la equivalencia entre diferentes niveles de formación. Esta falta de distinción se traduce en la posibilidad de que graduados con menor cualificación sean equiparados a médicos con más años de estudio y especialización.

Los sindicatos también han manifestado su descontento respecto a cómo se gestionan las guardias, al no considerarlas actividad extraordinaria ni garantizar una retribución justa. Resaltan que la administración utiliza este recurso de manera insuficiente, lo que provoca jornadas laborales que superan las 45 horas semanales, perpetuando una situación de saturación en los servicios de salud.

La movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidades que consideran injusto también se encuentran entre sus críticas al nuevo Estatuto, lo que añade más tensión a un ya complicado escenario laboral.

Por otra parte, otros sindicatos del sector, como SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del 27 de enero, como protesta por la negativa del Ministerio de Sanidad a llegar a un acuerdo sobre un nuevo Estatuto Marco que realmente impacte en las condiciones laborales de todos los profesionales de la salud.

La secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, criticó la falta de progreso tras tres años de negociaciones y argumentó que el Ministerio no está dispuesto a crear un Estatuto que beneficie a todos sin distinciones entre diferentes colectivos profesionales.

Estas organizaciones han enfatizado la necesidad de que cualquier nuevo marco que se establezca contemple salarios adecuados, una jornada laboral equilibrada y condiciones que permitan la anticipación a la jubilación de forma voluntaria.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad se defiende argumentando que el borrador del nuevo Estatuto Marco recoge todas las demandas dentro de sus competencias. Resaltan que el proceso ha sido el resultado de un diálogo constante con los sindicatos, comunidades autónomas y otros actores involucrados en el sector sanitario.

Desde la administración se hace hincapié en la necesidad de no traspasar las competencias autonómicas en la organización y gestión de los servicios de salud, defendiendo que el Estatuto no puede regular aspectos operativos de manera directa, ya que eso sería inconstitucional.

Finalmente, el Ministerio subraya que las retribuciones específicas dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos y aclara que no posee el poder de regular aspectos como la jubilación anticipada, que corresponde a la Seguridad Social. La gestión de turnos y guardias, así como la temporalidad, tampoco pueden ser resueltas exclusivamente mediante el Estatuto, dejando la puerta abierta para futuras incorporaciones a medida que avanza el proceso legislativo.