LOGROÑO, 9 de diciembre.

En una reciente operación llevada a cabo por la Guardia Civil en La Rioja, se ha abierto una investigación contra tres hombres de entre 32 y 63 años, originarios de Túnez, Marruecos y España, quienes están acusados de varios delitos graves, incluyendo falsedad documental y usurpación de identidad. Esta acción es el resultado de una colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad y los municipios de la región.

La agrupación de la Guardia Civil recibió una alerta de un ayuntamiento del área metropolitana de Logroño, que había detectado irregularidades en la documentación utilizada para realizar un empadronamiento y llevar a cabo un matrimonio civil. Tras un exhaustivo análisis, las autoridades confirmaron que el contrato de arrendamiento presentado carecía de validez, ya que la propiedad estaba legalmente ocupada por otros inquilinos. Además, se comprobó que los datos de la dueña de la vivienda habían sido utilizados sin su consentimiento para obtener fraudulentamente el empadronamiento.

Las pesquisas llevaron a los investigadores a identificar a un marroquí de 31 años, quien había intentado empadronarse con la intención de casarse civilmente con una mujer de 68 años, a quien conoció en un parque local. Sin embargo, no había convivido con ella y las dificultades en la comunicación eran evidentes, dado que ninguno de los dos compartía un idioma común.

La investigación se amplió al localizar a un intermediario que había facilitado el proceso de empadronamiento ilegal. Este contacto proporcionó información sobre una tercera persona que habría creado el contrato de arrendamiento fraudulento, supuestamente a cambio de una compensación económica.

Las evidencias y documentación recogida se han entregado a la autoridad judicial para su análisis. La investigación no ha concluido y se están indagando posibles conexiones con otros casos de matrimonios de conveniencia. La Guardia Civil subraya que este tipo de actividades delictivas no solo infringen la normativa sobre inmigración, sino que también ponen en riesgo derechos fundamentales y desestabilizan el marco legal relacionado con la residencia y el empadronamiento en el país.