La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de cuatro años y medio para un individuo que fue detenido con diversas sustancias ilegales, incluyendo Éxtasis, Tusi y Cocaína. Este caso se está abordando en la Audiencia Provincial, que tiene programado el juicio para el próximo lunes, 27 de enero.

El acusado, natural de Tarragona, fue interceptado en la estación de autobuses de Logroño mientras se dirigía hacia Vitoria. Este arresto tuvo lugar el 2 de enero de 2023, en un operativo realizado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que habían establecido un control en dicha estación.

La detención se realizó a las 17:01 horas, en un contexto donde el sospechoso mostraba un evidente nerviosismo, lo que alertó a los agentes. Al ser cacheado, se descubrió en su bolsillo una navaja táctica de camuflaje urbano, aunque la marca estaba en parte ilegible.

Según la argumentación del Ministerio Fiscal, esta navaja era un arma diseñada para ser utilizada en caso de desacuerdos con otros traficantes o para proteger su carga de posibles robos. Además, durante la inspección de su mochila, las autoridades hallaron ropas y un par de zapatillas, donde se encontraban ocultas las drogas.

En total, el acusado llevaba consigo 62 pastillas de Éxtasis, que pesaban 38,58 gramos; una bolsa con Tusi, de 6,38 gramos; y otra con Cocaína, que sumaban 4,25 gramos. En su poder también estaban 265 euros en efectivo, repartidos en billetes de diversas denominaciones, que se presume eran producto de sus actividades delictivas.

Al ser detenido, el sospechoso admitió espontáneamente a los agentes que se dirigía a Vitoria y que las sustancias que transportaba eran Éxtasis, Tusi y Cocaína. Es importante mencionar que el Tusi, conocido también como Éxtasis rosa, es una droga sintética de tipo psicodélico que combina ketamina, metanfetamina y cafeína, mientras que el Éxtasis es reconocido como un estimulante y alucinógeno.

Las sustancias ilegales incautadas tendrían un valor de mercado en el ámbito clandestino que alcanza los 1.022,23 euros. Dada la gravedad de los hechos y su impacto en la salud pública, la Fiscalía ha catalogado su conducta como un delito que ocasiona un grave daño a la salud de la población.

En consecuencia, se ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa equivalente al valor de las drogas incautadas. Además, en caso de que no se efectúe el pago de dicha multa, el fiscal ha propuesto dos meses adicionales de privación de libertad, junto con las costas del procedimiento.