LOGROÑO, 6 de octubre.

La formación política Izquierda Unida ha decidido presentar una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley que busca simplificar la burocracia, abrir el mercado y mejorar la calidad normativa. Según su análisis, dicho documento se inspira en modelos implementados por comunidades autónomas gobernadas por partidos de derechas, como Madrid y Valencia, lo cual, argumentan, representaría un retroceso en términos de derechos y garantías para la población.

El diputado de IU en La Rioja, Carlos Ollero, ha expresado su firme oposición a esta iniciativa, afirmando que no respaldarán un modelo que, según ellos, disminuye los controles administrativos y deja a los ciudadanos en una situación más vulnerable frente a las decisiones gubernamentales.

Desde la agrupación política advierten que, aunque el proyecto se presente como una mejora en la agilidad administrativa, en realidad, podría conducir a la privatización de ciertas funciones del gobierno regional y a una desregulación perjudicial para las pequeñas y medianas empresas de la región, debilitando así la esfera pública.

Uno de los puntos más críticos es la incorporación del silencio administrativo estimatorio y el recorte de plazos, que, según IU, convertirían la falta de respuesta de la administración en un asentimiento tácito en temas tan cruciales como el medio ambiente y la salud pública. “La pasividad de la administración no debería ser interpretada como aprobación, especialmente cuando los posibles daños pueden ser irreversibles”, enfatiza Ollero.

Además, la propuesta incluye la sustitución de autorizaciones por meras declaraciones responsables, lo que, sin controles adecuados, podría llevar a un seguimiento ineficaz. “Es inaceptable que se actúe primero y se verifique después, particularmente en áreas donde existen riesgos significativos”, añade el diputado de IU.

Otro aspecto que genera resistencia es la posible inclusión de entidades certificadoras privadas, financiadas por las empresas que evalúan. Esto podría dar lugar a conflictos de interés y, al mismo tiempo, repercutir en la reducción de empleos cualificados en el sector público. “El control de la legalidad y la garantía de derechos son funciones que deben permanecer en el ámbito público”, subraya Ollero.

Asimismo, la formación critica el llamado principio de "mercado abierto" y el reconocimiento de permisos de otras comunidades con normativas menos exigentes, lo que podría facilitar un dumping regulatorio y menoscabar la capacidad de La Rioja para salvaguardar lo social, lo laboral y lo ambiental. La reducción del tiempo de participación en la creación de normas también podría trivializar el proceso de consulta pública, argumentando que “la participación ciudadana es un pilar de nuestra democracia, no un estorbo”.

Como solución, Izquierda Unida propone una simplificación real que elimine la burocracia innecesaria, pero sin sacrificar derechos fundamentales. Abogan por una digitalización inclusiva, la eliminación de duplicidades y el fortalecimiento de la inspección y de los servicios públicos, manteniendo así las funciones esenciales fueran de la privatización. “Simplificar es necesario, pero no a expensas de los derechos colectivos ni de la capacidad reguladora de la Comunidad Autónoma”, concluye Ollero.