IU exige frenar la derogación de la moratoria para macrogranjas en La Rioja
La Rioja debate la derogación de la moratoria para macrogranjas, con riesgos ambientales y sociales que preocupan a sectores críticos y a la oposición.
El Parlamento de La Rioja enfrenta una propuesta para eliminar la moratoria que limita la instalación de macrogranjas, vigente desde 2023 y que vencerá en 2027. La iniciativa responde a una modificación legislativa impulsada por el Gobierno regional en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2027.
Este cambio ha suscitado rechazo en sectores políticos y ambientales, ya que las macrogranjas representan riesgos para la fertilidad del suelo, la contaminación y la calidad de vida en zonas rurales, además de generar conflictos internos en el Partido Popular, que en algunos municipios respalda su instalación.
La propuesta del Ejecutivo regional busca eliminar obstáculos para la implantación de estas instalaciones, justificando la medida en la necesidad de potenciar la economía y la soberanía alimentaria, aunque críticos advierten sobre los efectos nocivos y la pérdida del entorno rural.
La iniciativa contempla el proyecto de Pradejón, que prevé una macrogranja que consumiría 44.000 litros de agua diarios y produciría 9 millones de litros de purines anualmente, además de planes para instalar plantas de biogás, lo que aumenta las preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental.
Desde IU, Henar Moreno señala que la postura del Gobierno regional favorece a intereses económicos en detrimento del bienestar rural y advierte que esta tendencia podría dañar la agricultura tradicional, además de poner en peligro el equilibrio ecológico y social de la comunidad.
El escenario político en La Rioja revela tensiones internas, con algunos municipios apoyando las macrogranjas y otros rechazándolas, mientras la oposición exige mantener la moratoria y ampliar su protección. La decisión final tendrá implicaciones a largo plazo para el modelo de desarrollo rural en la región.