LOGROÑO, 29 de diciembre.

El concejal de Administración Pública de Logroño, Francisco Iglesias, abordó el tema de los reconocimientos extrajudiciales de créditos en un reciente pleno, defendiendo su utilidad para "corregir errores". Ante las críticas de la oposición, que lo acusó de una gestión deficiente, Iglesias aseguró que no hay evidencia de irregularidades en los procedimientos llevados a cabo.

Durante la sesión, se aprobó la regularización de varias facturas pendientes, que suman alrededor de 45.000 euros. Estas incluyen tres facturas atrasadas de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 de la empresa Stampy Mail, que fueron rechazadas por PR+ y Vox, mientras que Podemos y PSOE se abstuvieron y el PP votó a favor.

Una cuarta factura de 16.500 euros, también por retrasos administrativos y cambios legales, fue presentada por Aranzado La Ley S.A.U., obteniendo el mismo resultado en la votación. Adicionalmente, se dio luz verde a un crédito que cubre unos 3.500 euros a Sonovisión por servicios de sonorización e iluminación, con el apoyo de PR+ y PP, mientras que los otros grupos se abstuvieron.

La oposición, liderada por el portavoz socialista Luis Alonso, criticó la regularidad de estos expedientes, comparándolos con "el día de la marmota", y demandó aclaraciones sobre el reconocimiento de aproximadamente 6.000 euros a Ignacio Faulín S.L., por un evento sobre menores y redes sociales que se realizó ante alumnos el 15 de octubre. Según la concejal Laura Arribas, dicha contratación se firmó a mano, en lugar de realizarse electrónicamente como había sido corregido posteriormente.

Rubén Antoñanzas, portavoz del PR+, cuestionó la validez de la firma manual del alcalde, tildándola de "irregular" y exigiendo ver el expediente original. Amaia Castro, de Podemos, y María Jiménez, de Vox, también solicitó explicaciones sobre esta gestión, argumentando que no se trata de un asunto técnico, sino de una política sistemática del PP en el manejo de estos reconocimientos.

Kilian Cruz, concejal del PSOE, también expresó preocupaciones por la gestión del Gobierno local y recordó los reparos planteados por la Intervención municipal sobre este contrato. Luis Alonso se unió a la crítica, describiendo la situación como "un culebrón" y pidiendo respuestas del alcalde, al mismo tiempo que deseó que el próximo año traiga una gestión más clara y transparente.

En respuesta a las acusaciones, Iglesias defendió que los expedientes extrajudiciales son "instrumentos de corrección" para resolver errores administrativos anteriores, sosteniendo que aunque la firma pudiera considerarse alegal, nunca fue ilegal, recibiendo apoyo únicamente de los concejales del PP.

Finalmente, la sesión concluyó con la aprobación de una modificación en la Ordenanza Fiscal del IBI, que se implementará a partir del 1 de enero, como subrayó Francisco Iglesias, destacando su compromiso con la eficacia administrativa y el bienestar de los ciudadanos.