Madrid, 4 de enero. El Ministerio de Hacienda inicia el año 2026 con la intención de presentar un nuevo esquema de financiación para las comunidades autónomas entre enero y febrero. Esta noticia ha reavivado el interés de las autonomías, que están planteando nuevamente qué criterios deberían ser prioritarios en este nuevo sistema, aunque el Ejecutivo busca un gran acuerdo entre el PSOE y el PP.

Hasta el momento, el Gobierno ha sido esquivo en cuanto a los detalles de este nuevo modelo, limitándose a expresar su deseo de fusionar enfoques multilaterales y bilaterales. La última propuesta realizada por Hacienda hace cuatro años se centraba en la población ajustada, aunque esta idea no tuvo éxito en su implementación.

Queda por ver si Hacienda se basará en el documento previamente enviado a las comunidades o si explorará un enfoque diferente. La ministra Montero ha garantizado que ninguna comunidad se verá afectada negativamente y ha anunciado que se incrementará el porcentaje de los tributos que se cederán a las regiones.

De acuerdo con lo indicado por las comunidades autónomas y el propio Gobierno, se anticipan cambios significativos en el modelo de financiación autonómica en desarrollo. La eliminación de las entregas a cuenta, que actualmente constituyen una parte esencial del sistema de financiación, es un aspecto que se visualiza en el horizonte.

Este nuevo modelo también deberá considerar la situación singular de Cataluña, un acuerdo previamente pactado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Salvador Illa. La ministra Montero comunicó a las comunidades que se espera que este modelo se presente en los próximos meses, dentro de enero o febrero, y que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera específicamente para discutir la financiación autonómica.

Es importante mencionar que el Gobierno posee el 50% de los votos en dicho consejo, lo que significa que simplemente necesita el apoyo de una comunidad para que su propuesta avance. Posteriormente, el modelo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, finalmente, por el Congreso, donde se necesitará una mayoría para su aprobación. El objetivo es que entre en vigor en 2027, buscando un consenso amplio para su perdurabilidad, aunque Montero siente que el PP no está dispuesto a dialogar sobre este nuevo enfoque.

El debate sobre la financiación autonómica ha dejado entrever divergencias territoriales notables, ya que algunas comunidades abogan por tener en cuenta la dispersión geográfica, mientras que otras proponen distintos criterios. La mayoría de las regiones, sin embargo, están demandando que se priorice la despoblación y el envejecimiento, dada la carga financiera que esto representa para sus administraciones.

Específicamente, ocho comunidades han solicitado que estos factores sean considerados: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. En el pasado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, se reunió con otros siete presidentes autonómicos para firmar una declaración que enfatizaba la importancia de estos criterios.

Además, existen comunidades definidas como 'infrafinancidas', que llevan años solicitando al Gobierno la creación de un fondo de nivelación temporal mientras se revisa el modelo de financiación. Estas comunidades, como Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, también están pidiendo que la población ajustada sea un criterio clave en el nuevo modelo.

Por otro lado, las tres comunidades que lideran en términos económicos —Madrid, Cataluña y Baleares— están proponiendo que el Producto Interior Bruto regional se tenga en cuenta en el nuevo modelo de financiación. Baleares y Canarias también sugieren incluir la insularidad como un criterio compensatorio en el sistema que está desarrollando Hacienda.

El Gobierno, sin embargo, refuerza la idea de que para que se logre una nueva financiación autonómica es indispensable alcanzar un acuerdo que cuente con el consenso de los dos grandes partidos a nivel nacional, lo que implica una necesidad de pactar entre el PSOE y el PP.

Por eso, desde el Ejecutivo se está instando a la dirección nacional del PP a establecer una postura común en las negociaciones del nuevo modelo, recordando que sus diferentes líderes regionales están planteando diversas exigencias.