LOGROÑO, 31 de octubre.

El Ministerio Fiscal ha reiterado su demanda de una condena de 22 años de prisión para el individuo acusado de asesinato con alevosía, quien supuestamente acabó con la vida de su esposa en su hogar en Los Lirios, el 13 de octubre de 2020. Además, el Ministerio ha propuesto un incremento en la compensación económica para el hijo de la pareja, elevando la cifra de 50,000 a 100,000 euros.

La acusación particular, que representa a los ocho hermanos de la víctima, respalda la solicitud del fiscal, enfatizando que el acusado ha incurrido en mentiras, alteraciones de la escena del crimen, eliminación de pruebas y ocultamiento de información. La defensa, en cambio, se opone a las acusaciones y, en caso de que se confirme la culpabilidad, solicita una consideración de atenuación debido a dilaciones procesales.

El Ministerio Público fue el primero en presentar sus argumentos ante el tribunal, argumentando que el acusado desplazó desde Gumiel de Mercado (Burgos), donde estaba con su hijo en la vendimia, hasta Logroño para cometer el crimen tras enterarse de que su esposa planeaba divorciarse. Después de cometer el acto, según el fiscal, regresó en su vehículo al lugar donde se encontraba.

Gradualmente, el fiscal ha ido desglosando sus conclusiones, aceptando que "no hay imágenes, ni pruebas materiales, ni testigos que hayan visto nada". Sin embargo, ha sostenido que esta ausencia de evidencia no excluye la culpabilidad del imputado, argumentando que el entorno de la víctima era limitado y que el lugar del asesinato no era propenso a la intervención de extraños.

El fiscal ha subrayado que la víctima estaba en la privacidad de su hogar, vestida con ropa de dormir, las puertas cerradas y las llaves puestas. Reconoció que la investigación inicial fue complicada para la policía, pero que el perfil de la víctima reduce las probabilidades de que haya sido un extraño quien entrara a la casa.

Al cuestionar la teoría de que un intruso hubiera manipulado la mirilla de la puerta, el fiscal sugirió que, si alguien sin conocimiento hubiesen ingresado, la propia víctima habría tenido que abrir la puerta de emergencia del rellano primero.

El fiscal también hizo hincapié en que, tras el crimen, se había alterado la escena y que un conocido de la víctima no habría permanecido en el lugar tras haber ganado su confianza.

Se refirió a que el acusado desactivó su teléfono durante las horas cruciales de la noche del crimen, siendo esta acción voluntaria y contradictoria, dado su argumento de falta de cobertura en la zona. Además, acusó al imputado de mentir a las autoridades.

El Ministerio Fiscal recordó al jurado que no se debe pasar por alto la presencia de ADN en las manos y uñas de la víctima. A pesar de las discusiones sobre la posible contaminación de la evidencia, aseguró que esta composición genética sigue teniendo importancia, especialmente considerando la relación anterior entre el acusado y la víctima.

De forma categórica, el fiscal sostuvo que la víctima "no se suicidó", a pesar de que el propio acusado mencionó esa posibilidad en el pasado. Resaltó lo extraño que resulta que hubiera hablado de un cuchillo involucrado, sugiriendo que los detalles son conocimientos exclusivos de quien estuvo involucrado en los hechos.

Dijo que la idea de presentar el caso como un suicidio o un robo parecía ser un intento de sugestión a las fuerzas del orden para abrir otras líneas de investigación. Se mostró seguro de que el acusado tenía íntimos conocimientos sobre los objetos presentes en la vivienda.

Mientras que el fiscal admitió que la falta de evidencia tangible es un desafío, subrayó que hay aspectos sólidos sin duda alguna, como las contradicciones en la declaración del hijo, que era el único capaz de certificar la presencia del acusado la noche del crimen.

El fiscal también valoró los testimonios que colocan al acusado en una bodega cercana a la mañana siguiente del crimen, lo que contradice sus propias afirmaciones y suscita dudas sobre su coartada.

Se consideró creíble la versión de un primo de la víctima, quien relató que se cruzó con el acusado en la mañana del 13 de octubre, justo después de que se cree que ocurrió el homicidio.

Sobre el momento del fallecimiento, el fiscal argumentó que es lógico posicionarlo entre la 1 y las 5 de la madrugada del 13 de octubre. Afirmó que la víctima no acudió a su cita de peluquería esa mañana, lo que pone en evidencia que no estaba viva en ese intervalo.

La acusación particular, por su parte, coincidió con el fiscal al sostener que todos los indicios, considerados en su conjunto, apuntan a la única conclusión posible: la culpabilidad del acusado.

Se señaló que el acusado había alterado la escena del crimen y ocultado información, argumentando que si tuviera la conciencia limpia, no habría reticencias en presentar todo al principio de la investigación. Junto con el fiscal, subrayó que la vida de la víctima giraba en torno a un pequeño círculo, lo que hace aún más improbable un suicidio.

Además, aseguró que la conducta del acusado al apagar su teléfono durante los momentos críticos y la entrega de un dispositivo diferente a la policía tras su arresto son señales de culpabilidad, comprometiendo la capacidad de las autoridades para investigar de manera eficaz.

Destacó, al igual que el fiscal, que la llegada del acusado a la bodega esa mañana temprana podría indicar una búsqueda de coartada, una posibilidad que ahora niega.