LOGROÑO, 30 de diciembre.

A partir de 2026, el partido judicial de Logroño dará un giro significativo en su estructura, al implementar el Tribunal de Instancia como parte de una reforma que reemplazará los antiguos 20 juzgados unipersonales. Esta iniciativa también incluye la creación de Agrupaciones de Oficinas de Justicia dentro de la localidad, en un esfuerzo por modernizar el sistema judicial conforme a la Ley Orgánica 1/2025, vigente desde el 2 de enero.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha compartido estos detalles tras un Consejo de Gobierno, destacando que el nuevo modelo busca cumplir con el plazo establecido para mejorar la eficiencia del sistema judicial. La integración de recursos, tanto humanos como materiales, tiene como objetivo optimizar el servicio y ofrecer una atención más accesible a los ciudadanos.

Este renovado enfoque organizativo se fundamenta en la creación de una Oficina Judicial, donde juristas y personal especializado trabajarán en equipos. Estos grupos proporcionarán atención simultáneamente a varios jueces y magistrados, estableciendo así un sistema más estructurado y coordinado que apunta a elevar la calidad del servicio para los riojanos.

La modificación en el Palacio de Justicia de Logroño, que acompaña a la adaptación que se llevó a cabo en los juzgados de Haro y Calahorra durante el verano, ha presentado retos significativos. En esta nueva etapa, el Tribunal de Instancia compartirá instalaciones con otras entidades judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía, involucrando a más de 300 funcionarios que han trabajado arduamente para que la nueva estructura esté lista antes de que finalice el año.

La Rioja cuenta actualmente con un total de 330 funcionarios dedicados a la Justicia, de los cuales 14 han sido incorporados como parte del proceso de modernización que establece la nueva ley. Además, hay 70 profesionales adicionales que pertenecen al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2011, La Rioja ha gestionado sus propias competencias en materia de justicia, incluyendo la administración de recursos humanos y materiales.

Sin embargo, a diferencia de otras áreas administrativas, las responsabilidades en el ámbito judicial están distribuidas. Los jueces y magistrados operan bajo la tutela del CGPJ, mientras que los letrados se hallan bajo la supervisión del Ministerio, y el resto del personal de la Administración de Justicia está vinculado a la Comunidad Autónoma.

El cambio de modelo ha exigido una intensa actividad durante el año 2025, con múltiples sesiones informativas y formativas dirigidas a funcionarios y otros grupos involucrados en la transición, abordando tanto la gestión de procesos como la adaptación tecnológica.

La implementación de este nuevo modelo judicial también ha traído consigo una importante transformación tecnológica. Un convenio con el Ministerio permitirá la continuación de esta modernización el próximo año, lo que incluye la dotación de equipos informáticos, plataformas para videoconferencias y otros recursos materiales y educativos destinados a las Oficinas de Justicia en la región.