LOGROÑO, 8 de febrero.

El investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Joaquín González Cabrera, ha señalado que las prohibiciones sin un enfoque educativo son ineficaces, en referencia a la creciente preocupación sobre el uso de redes sociales por parte de los menores. En su opinión, es crucial ampliar el debate más allá de posturas meramente políticas, las cuales considera simplistas.

En una reciente entrevista con Europa Press, el académico reaccionó a la propuesta del presidente Pedro Sánchez de restringir el acceso a las redes sociales a aquellos menores de 16 años. González Cabrera apoya, en términos generales, establecer un límite de edad, considerando que la limitación a los 16 años podría ser "razonable", aunque destaca que esta decisión debe basarse en el desarrollo y las capacidades individuales de los jóvenes, así como en la mediación que brinden sus familias.

Añade que el foco central del debate debería centrarse no tanto en la proliferación de discursos de odio, sino en la salud mental de los menores. Según él, el uso de redes sociales no es inofensivo; impacta profundamente en los procesos cognitivos y emocionales de los adolescentes.

González Cabrera también advirtió sobre los efectos nocivos de los algoritmos que rigen estas plataformas, los cuales, dice, distorsionan la realidad y exponen a los jóvenes a contenidos problemáticos. Por ello, considera pertinente discutir una reducción en el tiempo que los menores pasan en redes sociales.

Como parte del comité de expertos del Congreso en el ámbito de ciencia y tecnología, el investigador contribuye al 'Informe C: Redes sociales y menores', que compila investigaciones recientes sobre la vulnerabilidad de los jóvenes en estos entornos digitales. Él enfatiza la necesidad de abordar esta cuestión para proteger la salud mental de la infancia y la adolescencia.

Aunque reconoce un consenso entre muchos especialistas sobre la necesidad de intervención estatal en la regulación de redes sociales, también subraya que no solo las autoridades deben estar involucradas en este esfuerzo. Es fundamental que todas las partes interesadas se unan para proteger la salud mental de los jóvenes.

En este contexto, González Cabrera urge a ampliar el enfoque del debate para incluir no solo los discursos de odio, sino también el impacto amplio de los algoritmos en la salud psicológica de los menores. Pone de relieve cuestiones como la calidad de vida, la ansiedad, y otros problemas relacionados con el bienestar emocional de los jóvenes.

El investigador sostiene que las prohibiciones sin educación previa no resolverán la situación actual, advirtiendo que hay una normalización del uso de redes sociales. Además, señala la desconexión que puede haber entre el dominio de la tecnología y el uso responsable de estas plataformas por parte de los menores.

Apunta que, aunque se puedan imponer restricciones temporales al uso de redes, esto por sí solo no garantizará una solución efectiva, dado que, al final, estas plataformas están diseñadas para captar la atención, lo que constituye un negocio voraz en términos de tiempo de los usuarios.

Asimismo, critica a las empresas detrás de las redes por su falta de transparencia y el uso de algoritmos que están destinados a maximizar la atención, tanto de niños como de adultos. Gonzalez Cabrera enfatiza que, si bien se responsabiliza a los usuarios y sus familias, la verdadera responsabilidad recae en la industria que ha diseñado estas plataformas con fines comerciales.

Él resalta el pernicioso diseño del 'scroll' infinito que mantiene cautivo al usuario, provocando una adicción que puede tener efectos graves, incluso si el contenido que consumen inicialmente parece inofensivo, como videos de animales. Esto le lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de la experiencia de los jóvenes en las redes sociales y el hecho de que estas se han transformado en negocios mucho más que en redes de comunicación.

El investigador concluye que la responsabilidad de garantizar la seguridad de las aplicaciones recae en las empresas, resaltando que no se han realizado suficientes estudios en torno a los riesgos que enfrentan los menores. Mientras tanto, las redes continúan operando sin suficientes restricciones, lo que representa un desafío significativo en la protección de los jóvenes.

El tiempo apremia para que se implementen soluciones efectivas, ya que la inacción puede acentuar los problemas existentes. Por ello, aboga por un enfoque integral que detalle la formación y evaluación constante, reclamando políticas de Estado en lugar de iniciativas meramente partidistas. La conversación sobre la prohibición es importante, pero si no se acompaña de una educación robusta y un marco claro, es poco más que un gesto simbólico.